Hasta el momento hemos hecho un recorrido sobre las fuentes de información que los ciudadanos utilizan para conocer sobre la política, evaluamos la exposición a éstos, la credibilidad e imparcialidad, la importancia y la intensidad de la exposición. Teniendo ello como referencia es útil para la investigación cerciorarnos acerca de los temas políticos que se han tratado en nuestro país durante el período de tiempo en que duró la investigación.
Dijimos que existen diferencias sustanciales entre los distintos ciudadanos en cuanto a la exposición a medios que les permita mantenerse informados sobre la política, apreciación que corroboramos en el capítulo I al describir el modelo de la cascada. [1]
Sin embargo, debemos destacar que resulta subjetivo e imposible —desde mi punto de vista— querer que todos los ciudadanos tengan conocimiento amplios y completos sobre la política, como lo expresamos en el capítulo anterior, estar informado genera un coste que muchas veces los ciudadanos no podemos asumir, parece que, para evaluar la información política que los ciudadanos poseen, debemos considerar dos aspectos.
Primero, es inútil establecer una medida óptima de información en cuanto a la calidad y la cantidad, ya que debemos considerar que incluso aquellos que puedan estar mejor informados en comparación al resto de los ciudadanos, no necesariamente conocen todos los pormenores de los temas políticos a tratarse.
Sólo para citar un caso hipotético. La discusión de un proyecto de ley implica el estudio de una serie de instrumentos de diversa índole para llegar a estructurar una propuesta legislativa. Los especialistas y enterados del tema podrán tener acceso a las fuentes directas de información, en razón de su especialidad, pero los ciudadanos en general sólo tendrán una versión resumida de los hechos a través de los medios de comunicación y del intercambio de información que suceda en los grupos de referencia.
Segundo, no parece prudente creer que es mejor o peor informado aquel ciudadano que recuerda con exactitud los nombres de los ministros de Estado, alcaldes o congresistas, [2] porque en principio, en cuanto a la utilidad cognoscitiva, importa poco para el ciudadano dicha información, en cambio parece más pertinente asumir si el ciudadano conoce ciertos casos o temas públicos y establece posibles cursos de acción en comparación con lo que hace o deja de hacer el gobierno y la oposición.
Es decir, sería más importante conocer de los ciudadanos si además de declarar estar enterado del tema, conocen las acciones que el gobierno y oposición efectúan y la posición que manifiestan. Es decir, manifestar una opinión con información y no una opinión sin información. Esta diferencia es importante, porque resalta los aspectos cualitativos de la información y los contenidos a que pueden acceder los ciudadanos como consumidores de los medios de comunicación.
TEMAS DE DISCUSIÓN PÚBLICA
Para esta parte de la investigación se escogió entre una serie mayor de temas de actualidad política, una lista menor, en la que se encuentra:[3] a) La ley de interpretación auténtica del artículo 112º de la Constitución, con la cual se abre la posibilidad para que el presidente Alberto Fujimori pueda presentarse a otra elección y tentar un tercer período presidencial; b) las modificaciones a la ley Nº. 26300, por la cual se cambiaron los requisitos para que los ciudadanos puedan promover un referéndum, incluyéndose el paso de la propuesta al Congreso de la República; c) El programa de privatizaciones llevado a cabo por el gobierno. Y gracias a la colaboración de la Compañía Peruana de Investigación se pudo incluir el siguiente tema: d) Conocimiento del significado de los Ceticos—Loreto, creados por ley. [4]
Todos los temas tuvieron una amplia difusión en los medios de comunicación y en su momento generaron particularmente polarización, por los diferentes argumentos que se esgrimieron a favor o en contra, por lo que pudimos acudir a un interminable intercambio de información con el matiz que cada político o comunicador le quiso imprimir al asunto.
En primer término, consideremos los temas que planteamos en la encuesta que sustenta nuestra investigación y posteriormente abordaremos el resultado de la investigación de CPI. El tema del referéndum y de la reelección presidencial son sin duda asuntos que han generado múltiples argumentos y controversia en todos los sectores políticos del país. La razón para tal controversia está en que el Congreso interpretó en modo auténtico el artículo 112º de la Constitución, entendiendo que para el cómputo de los mandatos presidenciales se debería considerar únicamente los que se iniciaron con la Constitución de 1993 y no con los de la Constitución de 1979. Ese cambio permite que el presidente de la República, Alberto Fujimori y sólo él, tenga la opción de presentarse como candidato en las elecciones generales del 2000 y tentar un nuevo mandato presidencial.[5]
La oposición como respuesta a esta decisión del gobierno, inició el procedimiento de un referéndum, por el cual se debería establecer si el presidente de la República podía presentarse a una tercera elección. Iniciado los procedimientos y en el momento de recolección de firmas, el Congreso modificó los procedimientos y requisitos para el referéndum.
Dicha modificación, establece que la iniciativa legislativa respaldada por las firmas de los ciudadanos debería pasar por el Congreso y en caso de aprobarse se haría la modificación pertinente —sin necesidad de referéndum—, y en caso de desaprobación, éste debía alcanzar 48 votos en contra para que recién se haga el referéndum.
Por mucho tiempo ambos temas estuvieron en debate, aun luego de acabada esta investigación continuaba discutiéndose el asunto. Por lo que es posible afirmar que son temas de gran controversia política porque está en juego el poder y la continuidad o cambio del régimen de entonces.
El caso del programa de privatización también tuvo una amplia discusión y si bien es cierto tiene un componente económico, su aspecto político —política pública— y la decisión de transferir propiedad pública al ámbito privado, introdujo una serie de discusiones que hasta la actualidad perdura.
En un nuevo contexto económico en la que la economía de mercado es el paradigma a seguir, el gobierno inició la venta de sus participaciones en las empresas a través de subastas, venta de paquetes accionarios, concesiones, etc. Los tres temas tienen en común haber generado controversia y polarización de las posiciones entre opositores y partidarios, han sido procesos que se han mantenido en el tiempo por más de un año y en múltiples ocasiones se ha reavivado la discusión sobre los temas.
INFORMACIÓN Y OPINIÓN SOBRE LOS TEMAS PÚBLICOS
El eje de esta parte de la investigación incluyó dos aspectos, información y opinión, relacionado con el índice de exposición a medios. En cumplimiento del propósito de la tesis, constatamos los niveles de información sobre temas políticos, con especial énfasis en temas cuyo tratamiento había sido en el tiempo relativamente mayor a un año.
Sobre los temas propuestos, la interpretación auténtica del artículo 112º de la Constitución y el programa de privatizaciones alcanzaron porcentajes de información entre 60 por ciento y 70 por ciento respectivamente; mientras que sobre la modificación al procedimiento del referéndum, el 27,7 por ciento manifestó conocer el tema.
Sólo a quienes respondieron afirmativamente y por ende manifestaban estar informados sobre los asuntos propuestos se les interrogó si tenían una opinión formada. Para el caso de la ley del referéndum, el 53,6 por ciento dijo tener opinión formada y el 46,4 por ciento dijo que no tenía opinión sobre la cuestión. En el caso de la reelección las diferencias son mayores. El 74,9 por ciento declaró tener una opinión formada y el 25,1 por ciento dijo no tenerla.
Finalmente, sobre las privatizaciones, el 81,7 por ciento dijo poseer una opinión y el 18,3 por ciento no la poseía en ese momento. Notemos que se manifiesta tasas altas de opiniones formadas entre quienes declararon conocer los temas, aunque en el caso de la modificación de la ley de participación ciudadana el 46,4 por ciento manifestó no tener opinión al respecto.
Finalmente, dentro de este mismo grupo de respondientes y sólo a quienes manifestaron tener una opinión formada, se les preguntó sobre sus pareceres en el continuo pleno acuerdo—pleno desacuerdo, con opciones intermedias para que pudieran establecerse matices entre los extremos.
En el caso de la ley de interpretación auténtica, además de las opciones ya descritas, se creyó conveniente incluir una opción adicional, ante la posibilidad de que por vía de un referéndum se pudiera solucionar la controversia y que los entrevistados pudieran manifestarse en ese sentido.