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Audiencia sobre violencia familiar en Lima. La Comisión Especial Revisora de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar (La Comisión) realizó una audiencia pública el día lunes, 12 de abril de 2010 en el Auditorio “José Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República”

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), es el órgano disciplinario del Poder Judicial, goza de autonomía funcional, tiene competencia nacional y desarrolla actividades de control preventivo, concurrente y posterior; respecto de todos los magistrados del Poder Judicial con…
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En febrero de este año, la Fiscalía ha acusado a Sabino Torres Huamaní solicitando que se le impongan 4 años de cárcel, ya han transcurrido 8 meses sin que hasta el momento, el Juez del 25 Juzgado Penal de Lima, César Herrera Cassina dicte la sentencia correspondiente. Justicia para Luciana

La audiencia sobre violencia familiar en Piura tuvo el objeto de recoger los aportes ciudadanos y de expertos para perfeccionar el marco legal de la Ley de violencia familiar.

Del estudio de abogados me llaman por teléfono y me dicen que la juez ha emitido sentencia y que ésta había sido desfavorable, pregunté ¿Bajo qué argumentos? La respuesta de mi abogado la puedo resumir en una sola frase: ES UNA SENTENCIA INFAME.

Fui despedido el 31 de julio de 2006 y presenté la Acción de Amparo el 29 de septiembre del mismo año; a simple vista uno podría suponer que el procurador tenía razón. Felizmente para mí, él estaba en un error. Yo había presentado una Acción de Amparo, cuyos plazos se rigen por el artículo 44 del Código Procesal Constitucional, que señala específicamente que el plazo es de 60 días hábiles.

Los argumentos vertidos por el juez para su decisión, me hacen notar serias deficiencias en cuanto a su capacidad de análisis, en la que se utilizan falacias para su sustento; así como su incapacidad para valorar los hechos descritos, todos ellos sustentados con documentos, lo que, lo hace llegar a conclusiones erradas.

El diagnóstico es dramático, 94 mil abogados, 84 mil estudiantes y 80 facultades de derecho, los cuales no tienen un criterio uniforme en cuanto a contenidos académicos ni la infraestructura básica que les permita ejercer adecuadamente su profesión, por lo que se sostiene que: “no queda garantizado por la actual formación universitaria recibida”.