Los peruanos gozamos del derecho de sufragio y nos parece un derecho tan natural que no valoramos las jornadas de debate y lucha por conseguirlo. La historia política del país nos muestra como el votar era un privilegio de pocos ciudadanos.
Sin embargo, a lo largo de nuestra vida republicana y como expresión de los cambios sociales y económicos ocurridos, el derecho al voto ha sido paulatinamente ampliado a diversos sectores sociales.
Evidentemente, en su momento histórico, la discusión sobre la inclusión o no de cierto sector social se abordó abiertamente. Por un lado, había quienes creían en las diversas modalidades de restricciones y aquellos que planteaban la apertura.
Cabe anotar que, por ejemplo, el voto masculino se fue ampliando lentamente desde quienes eran propietarios hasta la mayoría de los hombres que no fueran analfabetos o tuvieran menos de 21años.
Así, sólo los varones, por diferentes consideraciones se disputaban el derecho a votar. Estás mismas personas, visionarias en su momento, no podían concebir, sin embargo, que se le otorgase el voto a la mujer o a los analfabetos.
Tanto es así, que el voto a la mujer se otorgó a la mitad del siglo XX, cuando en 1955, mediante ley N° 1239, se modificó la Constitución de 1933. En esa época, preclaros intelectuales, tenían reservas sobre tal decisión como Manuel Vicente Villarán.
Con la Constitución de 1979 redujo la edad de la ciudadanía de 21 a 18 años y reconoció el derecho de voto a los analfabetos. Ampliando de este modo el número de ciudadanos que podían ejercer el derecho de sufragio.
Recientemente, el Congreso de la República ha modificado el artículo 34 la Constitución Política con el texto siguiente: “Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley. No pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro, de acuerdo con ley”.
Con esta medida, se hace un corte a la prohibición constitucional manifiesta en las cartas políticas de 1933 y 1979 y las leyes electorales que negaron el derecho de sufragio a los miembros de las Fuerzas Armadas. Este reconocimiento, como los otros, tiene detractores y defensores. En especial, por el papel que algunos militares han tenido a lo largo de la república.
Siempre hay corrientes de opinión a favor o en contra de aspectos tan controversiales, los argumentos esgrimidos tienen, siempre que cotejarse con la realidad.
Los detractores se preocupan por las posibilidades de proselitismo en los cuarteles o el poder adicional que tendrían los militares en el proceso político, se argumenta que los cuarteles se politizarán.
¿Cuándo los cuarteles no han estado politizados? Por su misma naturaleza, en los cuarteles y en los centros de capacitación de las fuerzas armadas se habla de política. Cosa distinta son las preferencias político-partidarias que corresponde al fuero interno de cada individuo. Las personas por el hecho de ser militares y policías no dejan de pensar y de analizar la realidad que observan.
Evidentemente, una condición esencial es que los mandos militares estén sometidos a la Constitución y las leyes, y que no se conviertan en árbitros o actores de las situaciones políticas que se presenten en el futuro.
Los defensores sostienen que hay acuerdos internacionales que el Estado peruano debe acatar, y que la tendencia en Latinoamérica es el de otorgar dicho derecho.
Las posibilidades que al interior de los cuarteles y de las dependencias policiales se organicen políticamente para tener representantes y/o aliados en las esferas de gobierno, persisten con o sin el derecho de voto a sus miembros. Es más, institucionalmente tienen una posición expectante por operar los servicios de inteligencia de la república.
La clave de la medida es que se les da el mismo estatus de ciudadanía a los militares y policías, pudiendo elegir y restringido su derecho de hacerse elegir. La democracia, finalmente implica Inclusión, en el sentido de la propuesta de Robert Dahl que sostiene: “El cuerpo de la ciudadanía de un Estado gobernando democráticamente debe incluir a todas las personas sujetas a las leyes de dicho Estado, excepto a los transeúntes y a aquellas que han demostrado ser incapaces de cuidar de sí mismas”.[1] Y los militares y policías son capaces de ejercer la ciudadanía.
Habría que considerar que las relaciones civiles—militares como concepción de ámbitos diferenciados se atenuaría grandemente, pues también los militares y policías serían copartícipes en la elección de nuestros representantes.
[1] Dalh, Robert. La democracia. Una guía para los ciudadanos. Pag. 91.