Somos litigiosos y quejosos

País litigioso por excelencia y antonomasia, millones de expedientes, de quejas y de denuncias, apestan todas las instituciones. Mal pueden quejarse quienes proliferan de esa manera en expedientes y quejas de lentitudes, cuando ellos mismos, por su falta de diálogo, partero de la historia, son incapaces de solucionar de manera civilizada y democrática entre personas, lo que entregan siempre al Poder Judicial para solucionarlo.”

Esto fue lo que afirmó el presidente Alan García al iniciarse el año judicial 2009. El presidente equivoca el diagnóstico sobre la falla del sistema judicial peruano. La carga procesal, los miles de expedientes sin resolver y la lentitud con que se desarrollan los procedimientos judiciales, no son causadas por nuestra “cultura” litigiosa, ni por quienes nos quejamos reiteradamente ante las ineficacias de la justicia peruana, ni menos, por la ausencia de diálogo y consenso en las relaciones sociales.

Que va, la lógica del sistema judicial peruano está construida para el litigio, para que los plazos sean sólo referencias sin valor, dónde la ley está hecha para que sólo la entiendan los iniciados, donde los deberes y derechos ciudadanos y los principios constitucionales sean meras “declaraciones” sin valor para el ciudadano promedio.

La justicia peruana en pleno siglo XXI usa procedimientos y lógicas de funcionamiento del siglo XVII y XVIII, dónde se ha introducido la tecnología para replicar esas prácticas y no para mejorar los procesos. En donde los propios instrumentos legales son resultados de esa forma de “hacer la ley y la justicia” Esa “cultura jurídica” predomina porque es el saber que poseen los que tienen la formación y el conocimiento de la ley para crearla, modificarla, derogarla e interpretarla y adaptarla a las múltiples relaciones que se generan entre los individuos y entre éstos y el Estado.

Un ciudadano o ciudadana en su sano juicio, ante un conflicto busca una solución al problema surgido, sea mediante la negociación y el consenso, que sólo se logra mediante el diálogo; nadie busca llegar al ámbito judicial, porque no se confía en dicha institución, se conoce lo lento que funciona, y lo más grave, esa desconfianza y lentitud se corrobora reiteradamente, cada vez que una persona “cae” en un juicio y ve que la justicia tarda, y justicia que tarda no es justicia.

En los casos penales, el individuo que comete un delito, se pudre en la cárcel y su proceso judicial avanzará lentamente, dando como resultado que en las cárceles el 75 % de los reclusos no tenga sentencia definitiva (evidencia empírica).

Ante tales situaciones de ejemplo, ¿cómo no reclamar y quejarse? Si uno se queda callado, esperando que el Juez cumpla con su trabajo, nos podemos pasar 1, 2 o más años sin que se resuelva el fondo de una demanda, y en ínterin nos pasamos en improcedencias que son apeladas para cumplir el ritual de las idas y venidas de los expedientes judiciales entre los juzgados y las Salas, o entre éstas y la Corte Suprema y/o el Tribunal Constitucional.

Por eso que la OCMA es tan ponderada entre la mayoría de los litigantes. Si te quejas a la OCMA o la ODICMA entonces tu expediente se mueve, si te quedas callado, tu expediente se queda quieto.

Los expertos conocen las causas y han propuesto las soluciones, éste es un tema que involucra no sólo a los abogados, es un tema de política pública sobre el servicio de justicia que brinda el Estado peruano, que es, sencillamente calamitoso, y una democracia sin justicia es una falsa democracia.

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