Representación y liderazgo en las democracias contemporáneas

Desde los años ochenta se ha extendido, con epicentro en Europa y repercusiones importantes en los países latinoamericanos, la preocupación por lo que se dio en llamar la «crisis de representación política». Esta «crisis» tiene lugar en forma simultánea a una expansión del proceso de democratización que abarca tanto a naciones europeas y americanas con regímenes constitucionales consolidados, donde nuevos ámbitos de la vida social han incorporado pautas de pluralismo, competencia política y ejercicio de derechos durante las últimas décadas, como a países de América latina, del Este europeo y Asia que vivieron en estos años la transición desde otros regímenes políticos.

Al mismo tiempo, esta ola de democratización y el derrumbe del socialismo como alternativa ideológica global a las democracias capitalistas han alentado la hipótesis de la universalización de las instituciones del constitucionalismo liberal y pluralista (Sartori, 1991; Hermet, 1991; Cotarelo, 1991). Una de las consecuencias de esta curiosa coincidencia entre la «crisis de representación» y la expansión democrática ha sido la reactivación del debate sobre las instituciones políticas, gracias a la cual se recuperan hoy muchos de los temas de las tradiciones liberales y republicanas. Entre ellos, sus ideas sobre la representación. Asimismo, esa situación ha estimulado una vez más la crítica radical de este concepto. El mismo, considerado en el pasado como el punto de partida y fundamento de las teorías modernas del Estado y la democracia, sufre ahora una nueva avalancha de impugnaciones y un generalizado descrédito.

La ubicación privilegiada que ocupa el principio de representación en los sistemas constitucionales de las democracias modernas, y en las teorías políticas correspondientes, le confirió tradicionalmente un papel relevante en la consideración de cuestiones como la legitimidad de los regímenes, la formación de la autoridad, el diseño institucional y las formas de vinculación entre los ciudadanos y el poder. Pero ello, lejos de facilitar su comprensión, contribuyó a tornarlo opaco y casi inasible para la reflexión, porque en la idea de representación recayeron múltiples significados, algunas contradictorias entre sí.

Muchos pensadores concluyeron que este carácter esquivo y paradójico obedecía, más que a una dificultad de sus propios conceptos para captar la esencia del problema, al carácter ilusorio del mismo, o incluso a un «erróneo» planteamiento en que estaría asentada la idea misma de la representación (autores clásicos de la teoría política y constitucional, como Joseph Schumpeter y Hans Kelsen, por ejemplo, arribaron a esta conclusión).

Las actuales críticas a esta categoría se originan también, más allá de estas visiones extremas, en ciertos problemas de reciente data: los mecanismos operativas que hasta hace poco tiempo permitían conciliar teórica y prácticamente la representación y la democracia, los imperativos de la representatividad y los de la gobernabilidad, la igualdad política y la existencia de una autoridad legítima, hoy aparecen cuestionados, parecen ser inaplicables o al menos insuficientes para garantizar el buen funcionamiento de los regímenes constitucionales (al respecto, véase Diamond, 1990:50 y ss.).

Pero las críticas que esta situación despierta y alienta pasan muy fácilmente de la reflexión sobre diseños específicos del sistema de representación que aparecen cuestionados, a un cuestionamiento general de la categoría y el principio de representación mismo: en verdad, en esta perspectiva critica muchas veces no se distingue entre la obsolescencia de nuestro sistema y concepciones de la representación, y la supuesta «inutilidad» de la categoría (véase, por ejemplo, Pennock, 1968:3).

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