Por César Rodrigo Landa Arroyo
«Si bien la continuidad jurídica es una garantía de toda reforma constitucional, ésta será válida en tanto se hayan respetado los principios y valores fundamentales de una sociedad democrática, basada en el respeto de los derechos fundamentales, el control y balance entre los poderes del Estado». (Pág. 1).
«En ese sentido, debe tenerse en consideración la necesidad de adecuación de la voluntad política democrática del pueblo con la norma jurídica suprema, sobre todo teniendo en cuenta que ésta no se encuentra expresada plenamente en la Constitución de 1993». (Pág. 1).
Tipo de documento: Artículo | Editorial: Pontificia Universidad Católica del Perú