Aprobado el Proyecto de Constitución por el Congreso Constituyente Democrático, debía someterse a Referéndum Constitucional, para que los ciudadanos ratificaran o no el Proyecto de Constitución. El Referéndum se realizó el 31 de octubre de 1993 y se desarrolló con toda normalidad en todo el país.
Todos los sectores sociales, participaron en la discusión de los principales puntos de esta nueva carta política. La oposición, las universidades, gremios y sindicatos, discutieron cada una de las modificaciones o adiciones que presentaba el proyecto de Constitución.
Se discutió en el aspecto político, el distrito electoral. Para algunos sectores, por el número de representantes al Congreso (120) y por ser unicameral, plantearon que la organización territorial del voto sea por distrito electoral múltiple, para así otorgar la posibilidad de que cada zona sea representada proporcionalmente en función de la población electoral que posea. El proyecto contemplaba el distrito electoral único, y es uno de los temas de mayor controversia.
Otro tema político, fue la reelección presidencial y parlamentaria. Para el caso de la reelección presidencial, sólo los partidos y grupos opositores al gobierno, no estuvieron de acuerdo con la reelección; la opinión pública mostraba en distintos sondeos, su actitud favorable a la reelección presidencial. En el caso de la reelección parlamentaria, la ley de convocatoria a las elecciones para el Congreso Constituyente claramente señalaba que los elegidos no podrían hacerse reelegir, sin embargo, el Proyecto de Constitución contempla la posibilidad de reelección parlamentaria.
Finalmente, otro tema político de debate nacional fue, el de dar el derecho a votar a los policías y militares en actividad. La propuesta original del Instituto Libertad y Democracia sobre el tema mereció la atención de especialistas y de la opinión pública. Las posiciones a favor o en contra de tal posibilidad, mostraron que el tema es muy controversial.
Temas jurídicos como el Habeas Data, que en el Proyecto de Constitución se introdujo con una significación diferente a como doctrinalmente está configurado, creó gran debate. El Habeas Data es una acción de garantía que busca proteger a las personas de información distorsionada o perjudicial en las bases de datos de cómputo, sin embargo, en el Proyecto de Constitución se amplió su alcance, al permitirse que se refiriera a todo tipo de información, por lo que alcanzó a la prensa, creándose gran controversia sobre esta novedad constitucional.
Temas de orden político-jurídico, como la revocación, el referéndum, la iniciativa popular, la iniciativa legislativa, Etc., fueron también asuntos de discusión pública. Muy grande fue la expectativa, ante la posibilidad de contemplar en la nueva Constitución de instrumentos de la democracia semidirecta, y las discusiones sobre su alcance, limitaciones y ventajas fueron temas de debate nacional en universidades y gremios profesionales.
En el aspecto económico, el tipo de economía que la Constitución debía plantear fue otro tema de amplia discusión, se mantuvo la aspiración hacia una economía social de mercado, se modificó lo referente a la tenencia de la tierra, y el tema de la propiedad se trató con amplitud. El trato al capital privado y las privatizaciones; así como el régimen tributario y fiscal fueron sin duda los temas de mayor atención ciudadana.
Pero los temas de mayor atención y de mayor debate público, fueron los temas sociales y los derechos humanos. La estabilidad laboral, la gratuidad de la educación, la privatización de los servicios de salud, el seguro social y de pensiones, y la pena de muerte fueron temas de amplio debate y controversia. Las posiciones eran claras, los partidos y movimientos opositores al gobierno eran partidarios de mantener los temas sociales en las mismas condiciones que la Constitución de 1979 establecía, además eran totalmente opuestos a la pena de muerte.
Del lado del gobierno, las posiciones eran intermedias, pues no se planteaba una eliminación total de dichos temas sociales, sino de su flexibilización, y en el caso de la pena de muerte el oficialismo planteaba ampliarlo a los terroristas, nunca se llegó a un consenso sobre estos temas. A pesar de ello, el Proyecto de Constitución amplió la pena de muerte para casos de terrorismo. El Proyecto de Constitución, contemplaba la flexibilización de todos los temas sociales en discusión.
Características del proceso
Se pueden señalar dos características principales, se incrementó el porcentaje de ausentismo en la historia de las elecciones de nuestro país; y la otra característica, es que este referéndum no estaba contemplado en la Constitución de 1979, sino que fue un compromiso adquirido por el gobierno del Perú en Bahamas ante los Cancilleres de América convocados por la OEA.
Población electoral
La población electoral nacional fue de 11,842,688 electores. De los cuales, las poblaciones de mayor densidad electoral fueron:
- Lima con 3,978,495 electores;
- Callao con 744,074 electores;
- La Libertad con 677,522 electores;
- Piura con 614,838 electores;
- Junín con 553,434 electores;
- Arequipa con 534,173 electores;
- Puno con 507,986 electores.
Las poblaciones de menor densidad electoral fueron:
- Madre de Dios con 26,291 electores;
- Tumbes con 61,947 electores;
- Moquegua con 70,452 electores.
Resultado nacional
Los resultados oficiales fueron los siguientes: La opción SI que aprobaba el Proyecto de Constitución de 1993, obtuvo 3,895,763 votos, lo que representó el 47.63 % de los votos válidamente emitidos y el 52.33 % de los votos válidos.
La opción NO que desaprobaba el Proyecto de Constitución de 1993, obtuvo 3,545,699 votos, lo que representó el 43.38 % de los votos válidamente emitidos y el 47.67 % de los votos válidos.
Se declararon votos blancos 216,088, lo que representó el 2.64 % de los votos válidamente emitidos, en tanto que, se declararon votos nulos 518,557, lo que representó el 6.34 % de los votos válidamente emitidos. El total de votantes fue de 8,178,742 electores; el ausentismo electoral fue de 3,663,946 electores que significó el 30.94 % del total de electores inscritos oficialmente.