Cynthia McClintock hace un estudio del Perú sobre los períodos que ha tenido el Perú desde 1930 hasta 1992, denominado «presidentes, mesías y crisis institucionales en el Perú».
Evidentemente, se hace excluye del análisis a los diversos gobiernos militares en el período. La hipótesis es verificar si “el presidencialismo ha sido un factor determinante en la crisis de los regímenes constitucionales peruanos”.
El entorno en que se desarrolla la ponencia está influenciado por las propuestas de Juan Linz y Arturo Valenzuela que plantean una serie de problemas atribuidos al presidencialismo que lo hacen muy complicado y casi inviable en algunas coyunturas políticas.
Asimismo, asume la autora, que el análisis del Perú es complicado, por lo corto de los períodos de gobiernos civiles, pero la idea es contrastar esa realidad con las apreciaciones teóricas de los investigadores mencionados. Reitera un prejuicio de Cotler, en el sentido de que esos gobiernos civiles no fueron del todo democráticos. Aunque es necesario analizar cada sistema en el contexto en que se desarrollaron y no con los valores y juicios de la actualidad. También sostiene la autora que el conflicto APRA-FFAA distorsionó el funcionamiento del sistema político peruano.
Análisis constitucional
La autora analiza básicamente las regulaciones establecidas en las constituciones de 1933 y 1979 respecto del poder ejecutivo. Al respecto, si bien ha primado el presidencialismo, hace un detallado análisis de las diferencias existentes entre las dos. Por ejemplo, la duración en el mandato que varía de 6 a 5 años; asimismo, los requisitos de elegibilidad del presidente.
En el caso de la constitución de 1933, sólo se exigía un tercio de los votos o la intervención del Congreso para escoger entre los tres primeros candidatos; en la constitución de 1979 se modificó ese procedimiento y se introdujo la elección directa con mayoría absoluta de votos o de lo contrario el ballotage entre los dos candidatos presidenciales, excluyéndose a los candidatos al Parlamento como sucede en el caso francés.
Llama seriamente la atención, que, en las referencias, se mencione que García Belaúnde, Marcial Rubio y Enrique Bernales, pensaban que “la instauración de la segunda vuelta contribuiría a la formación de fuertes alianzas de partidos con tendencias centrípetas y que incluso podría conducir al Perú hacia un sistema bipartidista”.[1]
La verdad es que, el ballotage presidencial con un sistema electoral de representación proporcional puro, sin barreras, y con un sistema de partidos altamente fragmentados fueron elementos claves en la configuración del sistema político, que impidieron su estructuración y maduración, pues se omitió el surgimiento de partidos antisistema.
Contando, además, que los partidos políticos tienen una tendencia centrífuga y no centrípeta. También es necesario precisar, que en 1930 se hace la reforma del sistema electoral, al desarrollarse el cambio de la legislación electoral, que implicó una transformación muy marcada en los procedimientos electorales, en la técnica de asignación de escaños y en el sistema de representación.
Otro de los cambios introducidos, es, por ejemplo, la ampliación del voto, se otorgó el voto a los analfabetos, la reducción de la mayoría de edad de 21 a 18 años, y en el ínterin desde la vigencia de la constitución de 1933 a la de 1979, se les otorgó el voto a las mujeres en 1956.
La relación Ejecutivo – Legislativo, también varió, pues se modificaron los mecanismos institucionales de interacción. Así, por ejemplo, en la constitución de 1979 se introduce un parlamento bicameral en la que ambos tienen la prerrogativa de la iniciativa legislativa, aunque se reserva para la cámara de diputados la interpelación y censura de los ministros de estado. Y al presidente se le otorgó la posibilidad de disolver la cámara de diputados, si está censura tres gabinetes completos.
La atribución discutible es la posibilidad del presidente de la república de emitir legislación de urgencia, sin la necesidad de contar con la anuencia del poder legislativo. Este hecho, propició la primacía del ejecutivo en la emisión de normas legales, ya que es distinto que la delegación de facultades legislativas, que también fue en exceso cedida por el legislativo, al tener en el periodo 80-85, 85-90 mayorías parlamentarias el poder ejecutivo.
Las quiebras constitucionales son analizadas en función a las hipótesis de Linz y Valenzuela. Para la autora, el caso peruano muestra un “limitado respaldo a las propuestas de dichos investigadores”. Y sostiene que una de las claves para entender ese período es la confrontación APRA-FFAA, y la oligarquía-FFAA, en la que, el uso de la violencia era un instrumento para alcanzar sus objetivos.
Del análisis que se hacen de los problemas constitucionales de 1936, 1948, 1962 y 1968 se pueden establecer algunas regularidades en cuanto a los mecanismos institucionales disfuncionales, las atribuciones asumidas por las fuerzas armadas, la asunción de partidos de masas con ideologías políticas maximalistas y la ausencia de una visión integradora del país.
Por ejemplo, en el ámbito institucional, dos cuestiones son vitales, el presidencialismo sin mayorías parlamentarias y con diferencias ideológicas extremas, además, de la ausencia de contrapesos entre ambos poderes.
Finalmente, desde mi punto de vista, es claro que la configuración del sistema presidencial combinada con un sistema multipartidista y con partidos antisistema, es una combinación difícil de sostener si se considera, además, la relación existente entre los diversos grupos políticos y sobre todo, si existe la creencia extendida de que, el golpe de estado es una salida válida a una situación política crítica.
Como se puede constatar, los grupos políticos y las elites en el período estudiado tenían el convencimiento de que el golpe de estado era un mecanismo adecuado para dirimir controversias. Líderes como Haya de la Torres, Belaúnde Terry, entre otros, en diversas circunstancias fueron víctimas de golpes, pero también promovieron golpes de estado; además, los militares, por formación, se creen depositarios únicos de la nacionalidad y ante tal creencia, los llamados de los civiles “tocar la puerta a los cuarteles” fueron catalizadores de estas prácticas políticas.
Si los golpes de estado ahora son más difíciles de realizar, no es porque los actores políticos no lo desean en algunas circunstancias, sino por el contexto internacional, que, bajo el paradigma de la democracia, hace casi inviable una aventura golpista.
[1] Ver página 287 de la lectura.