Participación electoral

Otra de las manifestaciones del comportamiento político, es la participación electoral. ¿Qué conjunto de actividades o conductas observadas puede ser considerado como participación electoral? El acto de votar es una de ellas, también la militancia...

Los sistemas electorales son únicos e irrepetible, tienen matices sutiles que los diferencian unos de otros. Principalmente, los sistemas electorales, más que un orden perfecto de procedimientos y normas, son formas de acuerdo político que las diferentes fuerzas políticas aceptan como aspecto principal y específico en el contexto de un sistema político dado; el sistema electoral perfecto no existe, cada uno en su peculiaridad afirma la mayor presencia o no de acuerdo político entre los directos más afectados. Los políticos, son quizás los más interesados siempre en no re­formar muy marcadamente el sistema de elección, porque ello afecta sus intereses de ser electos, por eso, las reformas electorales efectuadas en nuestro país, han sido más para perfeccionar procedimientos, plazos y se­ñalar funciones a nuevos órganos que cambios específicos en el sistema de representación, en los procedimientos para la asignación de escaños o en la simultaneidad de las elecciones presidenciales, parlamentarias y mu­nicipales.

Existen diversos tipos de elecciones, tenemos las presidenciales, las parlamentarias, las municipales, y una serie de procesos como el referén­dum, la revocatoria, etc. El carácter político de las elecciones en general no se discute, pero ante la proximidad de las elecciones municipales, [2] aparece en el discurso político nacional, reflexiones que consideran a las elecciones municipales como procesos vecinales en la que se escoge al «mejor vecino» y en donde la política no tiene lugar alguno. Se afirma por ejemplo que las elecciones municipales no manifiestan preferencias políti­cas sino vecinales, que no se discute según el contexto socio—político las acciones de gobierno o el papel de la oposición; es decir, se pretende pre­sentar a las elecciones municipales como descontextualizadas de la política nacional.

Ante la abundancia y diversidad de los argumentos, podemos aca­bar aceptando tal punto de vista. Para esclarecer la controversia debemos preguntarnos ¿tienen las elecciones municipales contenido político? ¿Existe la dicotomía elecciones políticas—elecciones vecinales? Precisemos que las elecciones son un procedimiento por el cual los ciudadanos elegimos a las personas que tomarán las decisiones por noso­tros, en el ámbito político que corresponda, sea legislativo, municipal o ejecutivo. Si consideramos lo anterior, reconocemos que la decisión que tomamos al votar, expresa nuestra preferencia hacia tal o cual opción para que éste a su vez haga tal o cual acción en nombre nuestro y referido a la cosa pública, es indudable, —por lo menos es mi punto de vistas— que estamos ante un proceso de tipo político, porque el área en que esas de­cisiones se van a tomar corresponde a la política, al área común de los ciudadanos.

Segundo, si las elecciones municipales no son políticas, porqué los políticos, los movimientos, los partidos políticos, o los políticos llamados independientes participan en este proceso en forma activa. Si esto es cierto, porqué se afirma que las elecciones municipales no son políticas si los que participan activamente como candidatos y colaboradores son pre­cisamente en ese momento los más activos políticamente.

Tercero, realmente se presenta y elige al mejor vecino o mejor di­cho, ¿Participa el mejor vecino o participan personas interesadas en hacer carrera política? Los que se presentan como candidatos buscan paulati­namente alcanzar nuevos cargos en el ámbito gubernamental, son conta­das las excepciones en que un candidato a burgomaestre u regidor no intente alcanzar nuevas responsabilidades públicas, hecho común y nor­mal en una democracia en la que los electores premian o castigan los ac­tos gubernamentales de sus autoridades.

Cuarto, No es cierto que, en algunas elecciones municipales, justa­mente por tener contenido político ha propiciado la participación, rechazo y cambios en la política nacional. Por ejemplo, Alan García, en ese enton­ces Presidente de la República y durante las elecciones municipales de 1986, ante la eventualidad de la derrota del candidato de gobierno en Lima, Jorge del Castillo, apareció públicamente con él en los balcones de palacio para manifestarle su público apoyo y pedir el voto de los ciudada­nos; no fue Ricardo Belmont un fenómeno político que trastocó y modificó el discurso político de nuestro país durante el proceso electoral municipal de 1989, cuando inició la prédica «independiente»; y finalmente, el Presi­dente Alberto Fujimori no manifestó «todo el apoyo» a sus candidatos mu­nicipales y especialmente al candidato de Lima, el Ing. Jaime Yoshiyama.

Ejemplos que muestran con claridad que las elecciones municipales son y tienen un contenido político indiscutible, puesto que manifiestan preferencias ciudadanas en cuanto a los hombres y sus planes para los cargos públicos, enriquecen el discurso político y pueden manifestar según el contexto socio—político, apoyo o rechazo a la labor que desempeña el gobierno de turno (nacional o municipal) e incluso las mismas actitudes hacia la oposición.

Todos los procesos electorales, sea cual sea su ámbito de gobierno, son políticos per se; los hechos nos demuestran que aunque los ciudada­nos, políticos e «independientes» no les guste usar el término político para describir la política, ella aflora en nuestros comportamientos y actitudes cuando se refieren al poder y la búsqueda del gobierno en cualquier nivel. Debe considerarse que la dicotomía, elección municipal elección política no es válida, porque no tiene referente empírico que lo pueda sustentar.

Ausentismo electoral y ejercicio del voto

Finalmente, dos aspectos importantes relacionados con la participación electoral son sin duda la obligatoriedad del voto y el ausentismo. El índice de participación electoral asume como un hecho el voto de las personas, pues la legislación de nuestro país establece que es una obligación. Sin embargo, la realidad demuestra que un grupo importante de ciudadanos a pesar de estar obligados y verse en la posibilidad de ver limitados sus derechos civiles no lo hacen. Existe asimismo una discusión doctrinal en cuanto mantener la obligatoriedad o en su defecto dejar que sea principalmente un derecho y por lo tanto, facultad de la persona, ejercerlo o no.

Con tal objeto, incluimos en la investigación un acápite sobre las cuestiones, para verificar hasta qué punto el acto de votar representaba un comportamiento no deseado por los ciudadanos y sobre todo explorar qué elementos les caracterizan.

A las personas que recordaron votar en las elecciones generales de 1995 les inquirimos sobre las razones de su voto. El 13,0 por ciento re­cordó haber votado por evitar la multa; un 75,2 consideraba que era un deber ciudadano y el 11,3 por ciento lo hizo por estar identificado con el candidato de su preferencia. Con el mismo propósito, pero poniendo a nuestros entrevistados en la posibilidad de que el voto no fuera obligatorio y que no existiera sanción alguna, se les consultó si hubieran ido a votar.

El 67,2 por ciento aseguró que sí hubiera sufragado y el 32,8 por ciento dijo que no lo hubiera hecho. Las características de este grupo de ciudadanos son interesantes pues nos permite vislumbrar algunas cualida­des en común. Al grupo de ciudadanos que manifestó que el voto es un deber ciudadano afirmó también en el 22,0 por ciento de los casos que no iría a votar si no existiera sanción. El 52,0 por ciento fue más consistente pues en cualquier circunstancia sufragarían. La identificación partidaria y el evitar la multa sin duda parecen ser respuestas más coherentes por cuanto en sentidos diferentes, reafirma la intención o no de votar. Parece que los ciudadanos tienen objetivos más instrumentales que éticos, pues la consistencia en las preguntas del primer tipo son muchos mayores que en aquella que se incluyó el aspecto del deber ético.

Al cruzar los datos con el índice de participación electoral notamos que existe una relación directa entre ellos, pues a mayor participación electoral mayor la posibilidad de votar en las elecciones. Resulta que el 67,2 por ciento se desagrega en 25,3 por ciento dentro de la categoría alta participación y el 41,1 por ciento en participación electoral media, es decir sólo votar. Similarmente existe correspondencia entre quienes no hubieran votado, pues el 27,0 por ciento se concentra entre quienes tienen una participación electoral media.

Evidentemente estos resultados nos permiten comprender que por lo menos un segmento importante de los ciudadanos, si tuviera la opción de no votar en las elecciones no lo harían, aunque hayan manifestado que votaron en las últimas elecciones.

Pero existe un segmento de electores que sabiendo de la multa y que sus derechos civiles serán limitados, de hecho, no vota y esto se ma­nifiesta en los porcentajes de ausentismo electoral en las elecciones ge­nerales y municipales de las últimas dos décadas. El ausentismo desde 1978 hasta 1993, ha sido en promedio 25,0 por ciento en el ámbito nacio­nal, mientras que en Lima Metropolitana para el mismo período llegó al 19,1 por ciento.[3]  Quiere decir entonces que grupos mayores de ciudada­nos podrían no votar si no existiera sanción y se reduciría aún más el grupo de electores que participaría en las elecciones.

Según los datos que poseemos sobre el 75,0 de los electores se han elegido autoridades en los últimos años; si añadimos la tasa de votos blancos el porcentaje se reduciría para ese mismo período al 70,0 por ciento, siempre considerando el promedio nacional. Si bien el ausentismo en Lima Metropolitana está por debajo del promedio nacional, debe consi­derarse que se concentra un tercio de la población electoral del país, en tal sentido el peso proporcional de Lima es importante.

Los votos nulos no lo consideramos en la construcción del promedio, pues compartimos la apreciación de Tuesta Soldevilla, cuando sostiene que: “Los votos nulos agrupan dos tipos de posibilidades: el anulado y el viciado. El anulado es aquel voto que se invalida por una imperfección en el momento de sufragar. El viciado es aquel voto que conscientemente invalida el elector.” [4] Y en ese sentido, es imposible en las actuales cir­cunstancias, saber que proporción corresponde a votos anulados y vicia­dos.

5/5 - (15 votos)