El linchamiento y asesinato del alcalde de Ilave, Cirilo Robles Callomamani, secuestrado durante el desarrollo de una sesión de Concejo, y luego, el «cabildo abierto» realizado por el presidente del Consejo Nacional de Descentralización pone en debate el principio de participación ciudadana.
La institución del cabildo abierto era la reunión de un grupo de «notables» en circunstancias especiales, en un régimen no democrático, no era una reunión de ciudadanos.
La participación ciudadana no significa que los ciudadanos toman el control de los aparatos de decisión estatales y deciden agrupados a mano alzada qué hacer ante tal o cual situación.
Si bien la imagen de dicha situación puede reflejar el «ideal» democrático, no es más que un «espejismo» de la democracia contemporánea.
La participación ciudadana, no sustituye ni sustituirá a la democracia representativa, debe reforzarla. La democracia, a pesar de sus múltiples disfunciones, es el mecanismo más recomendable para organizar el gobierno y el ejercicio del poder.
La participación ciudadana propicia canales institucionales de articulación de intereses en torno a la designación y permanencia de los gobernantes, en el proceso de debate y aprobación de las normas, en la ejecución de las políticas públicas y en la supervisión ciudadana del ejercicio del gobierno en los niveles correspondientes.
Bajo pretexto de la ideología de la «democracia de participación plena» no es admisible que grupos humanos en una plaza pública tomen decisiones complejas sobre asuntos que muchas veces desconocen, y que éstos, asuman ante sí la «representación» de los ciudadanos no reunidos.
Recordemos que: «La democracia no puede ser sencillamente «el poder del pueblo», porque éste es sólo un nombre abreviado de la expresión completa: «el poder del pueblo sobre el pueblo”» El poder es una relación, y tener poder implica que alguien controla (de alguna manera y cierta medida) a alguien» (Sartori, 1999, p.159)
Lo sucedido en Puno tiene múltiples facetas. En el caso de la teoría de la democracia y de la participación ciudadana el precedente resulta grave, pues el uso de la violencia para alcanzar resultados políticos se está a volviendo a manifestar en nuestro país.
La democracia como forma de gobierno pasa por ser el gobierno de las leyes y no el gobierno de los hombres, es decir, tanto gobernantes y gobernados se someten a las normas que regulan la vida de un Estado de derecho.
En tal sentido, los ciudadanos y autoridades deben ceñirse a los procedimientos establecidos para la elección y revocatoria de las autoridades, allí donde se aplica.
Evidentemente, la normatividad puede tener imperfecciones y no adecuarse a situaciones límite, por lo que no puede ser excusa para hacer uso de la violencia y sobrepasar el marco legal establecido.
Se argumentará que situaciones límites, merecen salidas del mismo tipo; si se razona de ese modo, entonces, cualquier persona o grupo de personas, podrá por sí y ante sí establecer qué es una situación límite, y por tanto realizar acciones de fuerza para alcanzar sus intereses.
Ello no es un modo de vida democrática, es má bien expresión de comportamientos autoritarios que se expresan entre gobernados y gobernantes.