Por José Ramón Montero
Los españoles prestan poco interés a la actividad de las Cortes, les confieren un poder político muy reducido, desconocen mayoritariamente los nombres de los presidentes de sus Cámaras y atribuyen al Gobierno sus potestades definitorias. ¿Cabe deducir de todo ello un bajo nivel de apoyo popular a las Cortes? Y, si así fuera, ¿puede presumirse su incidencia negativa y directa en las reservas de legitimidad del sistema democrático?
Las respuestas a ambas preguntas son, en mi opinión, negativas.
Tipo de documento: Ensayo | Editorial: null