Catherine Conaghan hace un análisis de las relaciones entre medios de comunicación y poder político en el período presidencial del presidente Fujimori entre el autogolpe de 1992 hasta fines del 2000.
La autora sostiene que el gobierno y específicamente el ex-presidente tenían un discurso que profesaba el respeto a la libertad de opinión y expresión, pero que, sin embargo, sus actos distaban de ese presupuesto.
La primera expresión de la distancia entre el discurso y los actos, se refiere al momento mismo del autogolpe de estado de 1992, en esa ocasión, como en todo golpe de estado, las fuerzas del orden tomaron las instalaciones de los medios de comunicación, para censurar los contenidos informativos referidos al acto de fuerza. La autora sostiene que, la reacción internacional sobre el golpe de estado, obligó al gobierno de facto, a retroceder en esa línea de acción, ya que, al poco tiempo, los medios dejaron de sufrir el acoso de la presencia militar en sus instalaciones.
El tema de la libertad de prensa se convirtió en un eje central de la campaña del gobierno fujimorista, para dar la impresión de ser un gobierno plenamente democrático.
La autora discute en su artículo dos cuestiones centrales. Establecer una base para evaluar la calidad de la democracia a partir del análisis del desempeño del gobierno de Fujimori. Y segundo, el papel de la prensa y sus relaciones con la autoridad política en el país.
Sobre el primer aspecto la autora sostiene que la primera cuestión es la ubicación de los medios de comunicación en el sistema político, si forma parte de éste, o se ubica en la esfera social. Además, expresa que, en América Latina, la distinción se hace más difusa.
Si bien los medios de comunicación podrían estar ubicados dentro de la sociedad civil, éstos han asumido algunos roles que le corresponde tanto a los partidos políticos como a los grupos de presión en los sistemas políticos, esto es agregar y articular intereses, o cómo señala la autora como “institución intermediadora” entre el Estado y la sociedad.
La autora caracteriza la situación de los medios de comunicación y el poder político, como una relación que por un lado se busca una relativa autonomía política, pero se tiene una evidente dependencia económica, que condiciona lo anterior.
La manera de cómo se expresa esa relación a juicio de la autora, se puede evidenciar en el conflicto abierto y directo entre los medios opositores al gobierno y los que no lo son. Los primeros:
- Sufren limitaciones para acceder a las fuentes informativas oficiales;
- Se les coacciona con la publicidad estatal, al limitarse o eliminárseles como anunciadores.
- El acoso con medidas de orden judicial y tributario.
- Los servicios de inteligencia acosan e investigan a los periodistas, directores y reporteros de los medios de comunicación.
- Captura de los canales de distribución de los medios o el impedimento de su distribución.
En resumen, puede decirse que el conflicto es abierto y deliberadamente encaminado a desacreditarse y atacarse mutuamente. Mientras el medio, asume un rol de opositor al gobierno (la línea editorial comprometida a una causa) al igual que los grupos o partidos opositores; el gobierno asume el papel de contrincante frente a los medios de comunicación opositores, por lo que intentarán reducir u obstaculizar su campo de acción.
Mientras que, para los medios de comunicación afines al gobierno recibían trato preferencial para el acceso a la información oficial expresado en:
- Acceso y facilidades para los periodistas que cubren las noticias sobre el gobierno
- Acceso a los servicios informativos de los servicios de inteligencia para atacar a los contrincantes políticos.
- Publicidad estatal en volúmenes que no tienen relación con los niveles de ventas o audiencias de los medios favorecidos.
- Refinanciamiento y facilidades adicionales para el pago de impuesto, o simplemente, eliminación de la deuda tributaria.
- Pago a periodistas y dueños de los medios de comunicación para la defensa de las acciones de los medios de comunicación o en su defecto, compra a través de terceros de los medios de comunicación.