Instalado el gobierno constitucional 2001 – 2006, una de las primeras coincidencias de las fuerzas políticas era realizar cambios en la Constitución de 1993. Entre diciembre de 2001 y abril de 2002, el Congreso desplegó un esfuerzo nacional para desarrollar una serie de audiencias ciudadanas con el propósito de recabar las opiniones respecto de los cambios propuestos por la Comisión de Constitución.
A pesar de que, el proceso ha quedado inconcluso, resulta de interés para la investigación dos aspectos vinculados al régimen parlamentario:
Cómo se estaría configurando el régimen parlamentario luego del debate suscitado tanto en el Congreso, como en el ámbito académico y mediático; y de especial interés para la investigación los aportes de los ciudadanos reunidos en actividades de las consultas legislativas.
Un aspecto que toca al régimen parlamentario es la generación de los mecanismos instituciones para un sistema de consulta legislativa [1] presencial y virtual, por el cual, el Congreso de la República pueda interactuar en el proceso legislativo con la sociedad civil.
La investigación tiene los siguientes objetivos:
- Caracterizar el régimen parlamentario que surge luego que se realizaron las audiencias realizadas sobre la reforma de la constitución de 1993, hechas sobre la base del Anteproyecto de la Ley de Reforma de la Constitución (Texto para el debate) del 5 de abril de 2002 y del dictamen aprobado.
- Analizar el mecanismo de consulta ciudadana diseñado e implementado como aporte al sistema de consulta legislativa que el Congreso de la República está implementando.
El régimen parlamentario en la reforma de la constitución de 1993
No es casualidad que, con la caída del régimen dictatorial de Alberto Fujimori, la sociedad demandará la reforma de la Constitución de 1993, al haber sido ésta producto de ese régimen.
El Congreso de la República canalizó esa demanda ciudadana, mediante la ley 27600, la que no sólo suprime la firma de Alberto Fujimori de la Constitución de 1993, sino que, se le encarga a la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales que proponga un proyecto de reforma total de la Constitución, considerando la constitución histórica como la Constitución de 1979. Asimismo, se indica que se someterá al más amplio debate nacional las propuestas de cambios constitucionales.
El reto era doble. Por un lado, formular una Constitución Política fuera de la costumbre política del Perú, a través de Asambleas Constituyentes [2], sino que, además, debía propiciarse un debate nacional sobre la reforma de esta.
La Comisión de Constitución y Reglamento, discutió en su seno un anteproyecto de Constitución que fue fruto de una serie de trabajos provenientes de diversas comisiones especiales que para ese fin se había conformado; también contó con el aporte de especialistas por subgrupos de trabajo que dio como primer resultado el “Anteproyecto de Ley de Reforma de la Constitución (Texto para el debate)”, documento que sirvió de base para la debate entre la instancia política (el parlamento) y la sociedad civil (los ciudadanos organizados).
Se convocaron a foros que se realizaron en todo el país, que contó con la participación de representantes de una gama muy amplia de sectores sociales, que intercambiaron puntos de vistas y visiones distintas para proponer a la Comisión de Constitución sus aportes respecto del documento original.
Un aspecto central de este mecanismo era qué y cómo canalizar el debate ciudadano para que sea enriquecedor. Se creó una metodología ad-hoc sobre la base de la premisa de consultar a la ciudadanía, aquellos aspectos en los cuales los parlamentarios no habían llegado a acuerdos durante el debate en el seno de la Comisión de Constitución y tener una orientación en dos sentidos: a) hacia dónde orientar los aspectos que tenían posiciones divergentes y b) como una pauta para los parlamentarios respecto de la posición de su departamento.
Más que un aporte teórico, el régimen parlamentario que se construyó es fruto de las múltiples fuerzas políticas que interactúan al interior del Congreso. Conjugadas con las expresiones organizadas o no de la sociedad civil. Por tanto, es probable que no tenga una coherencia conceptual que reclama el académico, tampoco su resultado satisface a todos los ciudadanos, pues en la conformación del régimen parlamentario los parlamentarios son sometidos a disyuntivas de elección entre opciones diversas.
Para analizar y comparar se necesitan variables, un tema complejo puede tener muchas variables. Para la investigación se han considerado las que se muestran en la tabla siguiente, en la cual se expresa los acuerdos alcanzados en el Dictamen de la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales, en cumplimiento de la Ley 27600:
Configuración del poder legislativo:
- Número de cámaras: 2 Cámaras
- Tipo de cámaras: Senado – Diputados
- Número de representantes: 50 Senadores y 150 Diputados
- Duración de mandato: 5 años
- Mecanismo de renovación: Diputados se renueva por mitades cada dos años y medio.
- Mandato: Mandato Irrenunciable
- Requisitos para ser representantes: peruano de nacimiento, gozar de derecho de sufragio, haber cumplido 35 años para Senador y 25 años para Diputado.
Atribuciones del Congreso [3]:
- Función legislativa.
- Respeto a la Constitución.
- Aprobación de los tratados internacionales.
- Aprobación del presupuesto y la cuenta general de la República.
- Autorización de empréstitos.
- Elección y remoción de los magistrados del Tribunal Constitucional.
- Elección y remoción del Defensor del Pueblo y del Contralor General de la República.
- Derecho de amnistía.
- Aprobación de la demarcación territorial que propone el presidente de la República.
- Demás funciones propias de la función legislativa.
Atribuciones del Senado:
- Ratificación de ascensos de oficiales generales de militares y policías.
- Ratificación del nombramiento de embajadores.
- Ratificación del presidente del BCR y SBS.
- Elección de representantes del CR ante el Directorio del BCR.
- Conocer del régimen de excepción y aprobar prorroga.
- Debatir y aprobar el plan nacional de desarrollo.
- Evaluar la política exterior del Estado.
- Evaluar la política de defensa nacional.