En este artículo se ofrece una lectura regional comparada de los sistemas de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales en 18 países de América Latina. En la misma, presentamos una evaluación sobre los principales hallazgos y tendencias vigentes en esta materia y sus efectos sobre los partidos y el sistema democrático, formulando al mismo tiempo un conjunto de principios rectores, objetivos generales y recomendaciones (no prescriptivas) que a nuestro juicio debieran ser tomadas en cuenta en todo proceso de reforma. (Pág. 1)
Lo hasta aquí analizado confirma la necesidad e importancia de que el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales cuente con un marco jurídico eficaz. Ello, al menos, por las siguientes cinco razones:
Primero, para evitar el abuso y la compra de influencias en los partidos políticos por parte de grupos de interés o individuos adinerados, con el objetivo de restablecer la confianza de los ciudadanos en el proceso político. Así, la demanda ciudadana en favor de una política limpia, ha impulsado la mayor parte de las iniciativas de regulación en años recientes.
La segunda razón pasa por establecer un campo de juego equilibrado para la competencia entre los partidos. La equidad en la competencia, como ya hemos dicho, es un principio fundamental de la democracia multipartidista. Legislar sobre el financiamiento de los partidos y las campañas electorales, puede ayudar a equilibrar las condiciones de la competencia y facilitar el ingreso de nuevos partidos al escenario político, o a reducir la presión de los grupos corporativos u otros sectores acaudalados sobre partidos existentes. Facilitar un acceso equitativo a los medios de comunicación, en particular a la televisión, es otro mecanismo apropiado para promover la equidad.
Una tercera razón es el empoderamiento de los votantes mediante normas sobre divulgación de información, dirigidas a que éstos cuenten con elementos de juicio adecuados para tomar una decisión informada el día de las elecciones. De esta forma el electorado cuenta con la posibilidad de ejercer una sanción efectiva que promueva la buena conducta de los partidos y candidatos.
Un cuarto motivo es el desarrollo y fortalecimiento de los partidos políticos, de modo que se conviertan en actores responsables en apoyo a una democracia sostenible y efectiva. Esto coloca la regulación del financiamiento en el contexto más amplio de las disposiciones constitucionales y legislativas sobre los partidos políticos, y ciertamente en el de la filosofía general sobre el papel de los partidos en el sistema democrático, incluyendo la relación entre el liderazgo del partido, los candidatos, sus miembros y los ciudadanos. (Pág. 5)
Una quinta razón es asegurar un “mínimo de razonabilidad” en el uso de recursos públicos destinados a financiar actividades político-electorales. Esto es particularmente relevante dada la severa crisis fiscal que afecta a la mayoría de los países de la región.
Sin embargo, todo esfuerzo regulador del financiamiento político, debe tener en cuenta su carácter fluctuante y coyuntural en el que la adopción de una solución suele producir efectos no deseados, los cuales deberán ser, a su vez, corregidos mediante una nueva reforma legal.
Por otra parte, cabe tener presente que no existe un sistema de financiamiento único, ideal, funcional a todos los países y situaciones. Por el contrario, cada país necesita diseñar y aplicar su propio sistema de acuerdo con sus valores políticos y su cultura, su sistema político y electoral, su capacidad institucional y, en general, el grado de desarrollo de su democracia. Empero, no es éste solamente un tema de normas sino también de conductas y, en consecuencia, la contribución positiva del legislador pasa por crear los incentivos adecuados para encauzar las relaciones entre dinero y política.
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