Hobbes: Visto el autor en su contexto histórico y dentro de un sistema de creencias específico, plantea una forma de gobierno sustentada en el “contrato social” que consiste en la cesión de la soberanía de todos los ciudadanos para una determinada persona; es decir, que todos entregan la parte de la soberanía que le corresponde en manos de un soberano absoluto.
En este contrato, en el esquema de Hobbes no existe la posibilidad de delegación o representación como en el caso de Rousseau, sino que, el soberano se hace titular del poder otorgado y lo ejerce sin ningún tipo de parámetros, además de no permitir ninguna forma de grupos sociales intermedios entre el soberano y el súbdito.
Para Hobbes no caben formas de participación política ya que las personas han vaciado su soberanía, quedando extinguida su ciudadanía, ya que el autor tiene una concepción negativa del ser humano. El sostiene que este es malo por naturaleza y que para controlar esta maldad es necesario tener un poder centralizado y unificado que permita mantenerlo en control, lo que en palabras de Hobbes: “el hombre es lobo del hombre”. Según George Sabine, Hobbes es parte de la corriente contractualista del Estado y sustentó la posibilidad de un gobernante basado en la “necesidad” de controlar la maldad humana, dejando de lado la doctrina del derecho divino de los reyes.
Bodin: Expone una teoría sui generis en términos filosóficos e ideológicos sobre la mejor forma de gobierno y su sustento. El era partidario de la monarquía sometida no en el derecho divino, sino sometido a la ley.
Es decir, junta la doctrina del derecho divino de los reyes y la doctrina del derecho natural, para sustentar una forma de gobierno diferente, en la que el monarca como enviado de dios se somete también a los designios de la ley de los hombres.
Locke: Jhon Locke es uno de los iniciadores de la moderna teoría de la división de los poderes. Locke retomando la concepción aristotélica de la división de funciones de gobierno, esbozaba que el gobierno sin perder su unidad orgánica debía dividir sus funciones en ejecutivas, legislativas y judiciales, pero no en el sentido de Montesquieu, sino como una forma en la que el soberano aristocrático pueda delegar algunas de sus funciones sin perder para nada el poder que tiene, además lo hace como un intento de romper con el acoso de la iglesia católica en cuestiones políticas, ya que para el autor, en el parlamento debía expresarse el consenso del pueblo sobre el gobierno.