Las comisiones parlamentarias son grupos de trabajo especializados conformado por los congresistas que tienen por función principal el monitoreo o seguimiento y la fiscalización de la administración pública, desde ministerios hasta los gobiernos locales; y también, el estudio y dictamen de los proyectos de ley y la absolución de consultas que son puestos en su conocimiento de acuerdo con su especialidad o materia.
Constituyen el centro del trabajo parlamentario, no sólo porque en sus instancias se define el cuerpo y el sentido de los temas que se tratan en la agenda del Congreso, sino porque son las puertas a través de las cuales se comienzan a definir los grandes temas que tienen que ver con los diversos sectores de la sociedad y del país, como; la economía, la justicia, los derechos humanos, la ecología, el presupuesto del país, la justicia, las relaciones exteriores, la defensa nacional, los asuntos agrarios, el trabajo, la vivienda y construcción, la producción y PYMES, entre otros temas.
Son 24 comisiones ordinarias, que, en la mayoría de los casos, coinciden con un sector, pliego o ministerio, de tal suerte, que las posibilidades de incidencia y protagonismo de los parlamentarios en la estructura del Estado son mayores.
Es la oportunidad para que la especialización y/o la experiencia de los representantes se pongan en marcha, en las materias o asuntos en los que mejor pueden aportar y, por consiguiente, exhibir un mejor desenvolvimiento ante la opinión pública y una mejor respuesta a las expectativas de sus electores.
Sin embargo, el punto más importante en una comisión se centra en el hecho de ¿Qué partidos o grupos la dirigen o controlan? Lo que usualmente termina por definirse por la circunstancia de quien controla la comisión, el oficialismo o la oposición.
Esto debido a que la mayor parte de las políticas públicas, que gravitan para la política general del gobierno, tienen como base o marco una ley que así lo autoriza o establece.
Por ello, es de importancia crucial para el oficialismo o la oposición el controlar las comisiones. Con el primero, para trabajar en conjunto con el gobierno al amparo de un marco ideológico que las identifica, que aúna criterios y que concuerda prioridades.
Con la oposición cambia sustancialmente la situación, ya que no sólo se espera la diversidad de criterios, si no que se abra la posibilidad para la confrontación o el conflicto, el mismo que tendría que resolverse en última instancia en el Pleno del Congreso, con un resultado incierto.
La forma de controlar una comisión es teniendo o logrando una mayoría entre sus miembros, lo que a su vez determina quién es su presidente, ya que el mismo es elegido por mayoría simple. Así resultan decisivas para el caso de las comisiones dos aspectos: la presidencia y la cantidad de miembros con que cuenta el oficialismo y la oposición en su interior. La primera, porque el presidente es el vocero oficial de la Comisión, en la medida que es su representante.
Además, es una oportunidad para que la propuesta personal y/o partidaria se materialice en el sector o actividad de la comisión, a través del plan de trabajo de la comisión, la agenda de sesiones, la dirección de los debates y las sustentaciones que realice en el Pleno del Congreso de los proyectos de ley dictaminados. Y la segunda, o sea la mayoría y la oposición, porque de ello dependerá el sentido de la votación de los asuntos o proyectos de ley que pasan por su interior y con ello las posibilidades de concretarse en una decisión corporativa del Congreso.
Es decir, convertirse en ley, resolución o moción. Los aspectos administrativos internos resultan ser, si se quiere, anecdóticos o triviales, frente a las posibilidades que el tema de las comisiones le ofrece al gobierno, a los grupos políticos y a los congresistas para intervenir en la política sectorial y nacional.