Existe una cuestión íntimamente vinculada al sistema político de cualquier país que está referido a la apreciación que tienen los ciudadanos respecto de sus instituciones políticas. Las encuestadoras se encargan de evaluar el desempeño de los diferentes poderes públicos en el sentido de aprobación o desaprobación de lo que van realizando.
Una de las instituciones que regularmente es evaluada es el Congreso de la República, resultando que los niveles de aprobación son bajos y en ocasiones muy bajos, dándose casos, en que los ciudadanos son capaces de aceptar el cierre inconstitucional del Congreso, pues encuentran con esa medida la expresión de su actitud negativa.
Argumentaré e intentaré demostrar que dichos índices de aprobación—rechazos mostrados por la opinión pública en diferentes períodos de tiempo, son resultados de lo que los congresistas que conformaron y conforman dicha institución hacen en torno a su labor parlamentaria, y que entre nuestros ciudadanos no se ha establecido con precisión la distinción entre el Congreso como institución y los congresistas como actores políticos que desempeñan sus funciones en el proceso político.
Por lo que, se planteará una fórmula para evaluar esos dos componentes. Por un lado, la gestión de los congresistas y de la institución parlamentaria, y así establecer la diferencia donde según mi entender sí existe, pues suceden procesos paralelos en torno a lo que hace el poder legislativo.
La evaluación de la opinión pública
Para este apartado he seleccionado una serie de encuestas realizadas en diferentes espacios de tiempo que van desde 1996 hasta la fecha, efectuadas por distintas empresas encuestadoras, que si bien son especializadas en estudios de mercado comercial realizan exploraciones sobre opinión pública sin tener el conocimiento teórico de la ciencia política, que les permita distinguir, los matices y construir índices de medida más refinados que se aplican en investigaciones en la materia.
Podemos observar que la aprobación del Congreso era mejor en el período 95 – 96, en los cuales su pico más alto es 50.20 % y en junio del 97, la desaprobación alcanzó al 75.80%. ¿Qué expresa este cuadro? Que a lo largo de un período de tiempo las encuestadoras han evaluado aparentemente la aprobación-desaprobación del Congreso, pues regularmente la pregunta es:
¿Aprueba o desaprueba la gestión que viene desempeñando el Congreso?
Sin embargo, de esta descripción surgen una serie de cuestiones que debemos detallar. Primero, que la manera como se construye una pregunta hace que se consiga una respuesta determinada, y en este caso, se cometen dos errores elementales. La «gestión» no la realiza el Congreso en abstracto sino los congresistas organizados en los diferentes grupos parlamentarios que conforman la mayoría y la minoría(s). Y otra la otra «gestión» la realiza el Congreso como institución.
Asimismo, de dicha evaluación, no se puede asociar que la evaluación es hacia la institución Congreso o hacia los congresistas. Esta última cuestión es fundamental. Pues si bien da un indicativo acerca de la apreciación ciudadana, no nos dice qué referente empírico utilizan los investigadores encargados de formular el cuestionario de preguntas.
Segundo, se podrá argumentar. No interesa la distinción, pues se «sobre entiende que…». Puede sobre entenderse para aquellas personas que son políticamente activas, pero ese grupo es siempre en cualquier sociedad la minoría, pues como se ha demostrado en múltiples investigaciones, las personas no tienen un interés manifiesto por la política en general, y muy en especial hacia lo que hace o deja de hacer los congresistas.
Asociado a lo anterior. Los niveles de subinformación y desinformación son tales, que lo que la gente cree acerca de lo que se hace o no se hace en el Congreso y lo que hacen los congresistas, se sustenta en torno a prejuicios, estereotipos y rumores que son expresión del desconocimiento que tienen los ciudadanos sobre esta institución política vital para el país.
Entonces, para resumir, tenemos que la formulación de la pregunta se ha simplificado de tal manera que no se puede establecer con exactitud, si lo que se intenta medir es a la institución o a los congresistas, o una combinación de las dos cosas.
A pesar de lo anterior, se nota que los índices se mueven a lo largo del tiempo. Cabría preguntarse por qué se mueven si no se ha precisado qué mide. Los índices de aprobación varían, pues lo que reflejan es la apreciación que tienen los ciudadanos un grupo reducido de lo que realmente pasa en torno a lo que hacen o dejan de hacer los congresistas; y luego, reflejan la apreciación estereotipada y prejuiciosa que tienen estos otros grupos más amplios sobre la misma cuestión. Quedando evidenciado que un tercer grupo no sabe o no responde sobre la cuestión y que oscila a lo largo del tiempo entre el 10 y el 26 % de los ciudadanos.
Entonces lo que se podría estar midiendo, sin saberlo, es lo que el grupo político que controla la votación y tiene la mayoría de los escaños realiza en el Congreso. Por lo que, para realizar con certeza y precisión esa labor, debe reformularse las preguntas para conocer en su dimensión la apreciación de la opinión pública.
La calidad de la opinión
De lo anterior se desprende que las encuestas agrupan respuestas de las que se pueden extraer tendencias respecto de una serie de hechos y lo más importante se pueden establecer correlaciones en torno a más variables. Pero también es evidente, que lo que respondan los encuestados no es necesariamente expresión o reflejo de la realidad, sino la apreciación o la opinión de los ciudadanos sobre la realidad, que son aspectos sutilmente diferentes, pues existen distintos tipos de preguntas al formularse un cuestionario.
Me explico, antes de hacerse público los hechos respecto del vínculo entre algunos medios de comunicación y el gobierno anterior, los encuestados manifestaban que la televisión es el principal, más imparcial y objetivo en la presentación de información política. Sin embargo, la realidad era distinta. ¿Por qué la diferencia? Pues los medios de comunicación y cualquier otro ente, se crean una imagen pública, que puede ser expresión de la realidad o un disfraz.
Otro caso, las encuestas mostraban un alto grado de aprobación hacia el golpe de estado de 1992. Pero, ¿era una medida adecuada, oportuna? ¿No implicaba un riesgo de inestabilidad sobre el sistema político? La realidad nos dijo que sí, pero; allí la cuestión, los ciudadanos responden sobre la base de impresiones difusas sobre cuestiones que regularmente no conocen y que son expresión de la manipulación del lenguaje a través de la propaganda por parte de los políticos y los medios de comunicación. El error no es voluntario, sino resultado de la recreación de la realidad. Y si el interés por la política es bajo, entonces, resulta fácil crear realidades aparentes.
Conclusión, algunos políticos no describen la realidad, la recrean. Algunos medios de comunicación, no describen la realidad ni su realidad, la disfrazan o distorsionan.
Por eso es sumamente importante, que, en los estudios de opinión pública, se establezca una distinción cualitativa sobre las opiniones que emiten los ciudadanos. No es lo mismo opinar con una base variable de información, que hacerlo con desconocimiento absoluto sobre los temas. Por lo que, se propone que al evaluar las cuestiones de la res publica, se establezca algunos criterios, pues no puede partirse del supuesto que el ciudadano está informado adecuada y oportunamente.
¿Cómo formular la pregunta?
Entonces, hay un asunto vital para formular encuestas de opinión pública -que es un concepto político por excelencia- que es, establecer, previamente, tres elementos sobre el tema:
- Si el entrevistado está informado sobre el tema;
- Si tiene una opinión formada al respecto;
- Para luego formular la pregunta crucial que sería la evaluación hacia el objeto a investigar.
En el caso del poder legislativo, se hace imprescindible que, los encuestadores se tomen el trabajo de precisar qué área específica se estudiará, pues resulta, que con los resultados que tenemos, se están asociando hasta tres realidades distintas:
- El Congreso de la República como institución: que tiene una actividad propia que trasciende a los diferentes grupos políticos;
- La mayoría parlamentaria quienes tienen los votos necesarios para tomar decisiones -grupo único o coalición-;
- La minoría parlamentaria quienes ejercen labores de contrapeso político, fiscalizando, controlando o realizando oposición al gobierno.
Y estas tres realidades se están evaluando -a mi entender- incorrectamente, y esta afirmación queda demostrada por tres aspectos fundamentales.
Primero, los medios de comunicación al tratar el tema del parlamento, confunden -por omisión o defecto- a la institución Congreso, con los grupos políticos que se conforman por una coyuntura política específica; segundo, un amplio número de ciudadanos, ni por asomo se interesan por la cuestión; y, lo más grave, son los políticos en general y los congresistas en particular, los que generalizan en la expresión de sus ideas, sus actos con el Congreso como institución, reforzándose la asociación descrita y causando un daño inconmensurable.
El daño radica, en la falta de legitimidad de la institución parlamentaria, pues el enlace entre ésta y los ciudadanos se resquebraja cuando no se emplean con propiedad las palabras adecuadas para describir hechos políticos tan complejos. Ya que los ciudadanos -como se evidencia en los datos- no diferencian allí donde los medios y los políticos deben diferenciar. Y esa es su tarea principal, pues la ausencia o bajo nivel de legitimidad propicia que el Congreso pierda importancia relativa y que incluso se apruebe su cierre.
Se argumentará, ello es resultado de la propaganda negativa contra el Congreso. Es cierto, porque en parte ha contribuido, pero lo esencial es que esa propaganda -técnica de generalización- la hacen los políticos y lo transmiten los medios de comunicación despreocupadamente, sin distinguir donde debe diferenciarse.
Expresamente los medios de comunicación, caen en el juego propagandístico de los actores políticos o son parte de él, al usar términos como: «el Congreso rechazó tal ley», «El Congreso aprobó tal ley», «Noche negra en el Congreso». Claro, es más fácil para el auditorio y para el periodista, presentar sus titulares de tal manera, pero se inflige un grave daño de legitimidad sobre el Congreso como institución, pues sus derroteros van más allá, de lo que hagan una mayoría o minoría circunstancialmente en un periodo de tiempo.
¿Qué podemos hacer?
El asunto es altamente complejo, ya hemos visto lo que el Congreso está haciendo institucionalmente en el artículo «El proceso de modernización», pero, la cuestión radica, en establecer con los políticos y con los medios de comunicación un patrón informativo en torno al Congreso de la República. Pues no se puede seguir haciendo lo más fácil: desprestigiarlo. No se pueden construir instituciones sólidas, si se destruye y manipula permanentemente su imagen, más aún, si no es la institución política la que actúa en esa dirección, sino los distintos grupos políticos. Por ello debe establecerse claramente que existen tres agendas informativas mínimas:
- La agenda informativa del Congreso como institución;
- La agenda informativa de grupo político mayoritario;
- La agenda informativa del grupo político minoritario.
La agenda informativa del Congreso describirá sin hacer juicios de valor lo que hacen los congresistas en las diferentes instancias como las comisiones, el pleno, el consejo directivo, la comisión permanente, etc. Pero, además, la agenda es complementada para acercar a los ciudadanos con la institución parlamentaria, y en ese sentido, ese esfuerzo institucional, está dirigido a entregar información relevante, sobre la institución parlamentaria. Para ello, se utiliza el Internet con servicios tales como: El Portal del Congreso de la República en el Internet, entre otros medios informativos.
La agenda informativa de la mayoría parlamentaria expresa los temas de política que se están tratando con prioridad y que es el resultado de presiones abiertas y encubiertas de los distintos grupos de presión, de los medios de comunicación, de la opinión pública y de los objetivos perseguidos por este segmento.
Mientras que, la agenda informativa de la minoría(s) parlamentaria estará dirigida en esa misma dirección, pero con un matiz, se buscará ejercer influencia en modificar el sentido o dirección de lo que hace la mayoría parlamentaria o se intentará bloquear su accionar. Asimismo, se fiscalizará la labor de gobierno. Es decir, cada segmento, tienen objetivos informativos distintos y por tal razón debe establecerse la distinción que se propone.
En conclusión, un aporte de la sociedad en su conjunto y especialmente de los actores políticos involucrados, es precisar y diferenciar su discurso en cuanto se expresan tres realidades distintas. Ello será apreciado por los ciudadanos si los medios de comunicación asumen ese compromiso informativo, y los índices de aprobación o desaprobación deberían medir esos tres flujos de comunicación e interacción política.
La decisión está en manos de muchas personas, pero si iniciamos esta cruzada y se difunde la propuesta, se aclararía el escenario institucional del Congreso que es tan complicado pues en su seno se alberga a grupos políticos con creencias e intereses muchas veces diferentes, lo que provoca alguna dosis de conflicto -en un sentido débil de la palabra-.