Cada uno de nosotros tiene una opinión formada sobre el juicio contra Alberto Fujimori, por lo tanto, no voy a discutir el tema de si es justa o injusta su condena, pues ello conlleva a un juicio de valor sobre el expediente que no he tenido a la vista.
Sobre el texto de la sentencia, que es realmente extenso y que abarca temas de orden jurídico que no manejo, diré que la discordia entre los expertos es manifiesta, más entre aquellos que tienen una posición político-partidaria sobre la materia.
Ahora bien, sobre los hechos descritos en la sentencia, sólo quiero resaltar un dato fáctico que me parece vital para entender el contexto en el cual se desarrollaron los acontecimientos.
Cito: “El golpe de Estado dispuesto por el acusado Fujimori Fujimori el cinco de abril de mil novecientos noventa y dos, pese a que el veintiocho de julio de mil novecientos noventa juró solemnemente defender la Constitución y se comprometió a luchar por la democracia, constituyó un evidente acto inconstitucional y delictivo, sin atenuante alguno, y la instauración de una dictadura. No hay causa de justificación que niegue la antijuricidad penal de su comportamiento, ni otro motivo constitucional o jurídicamente relevante que impida la censura política y la persecución penal a sus participantes.”
Hay que tener presente este hecho, que el gobierno de Alberto Fujimori fue una dictadura, a pesar de su aparente ropaje “democrático”. Peor aún, en su nombre se instauró un gobierno de facto para hacer del gobierno “auténticamente democrático”.
Fujimori un hombre sin partido y con el poder político en las manos, se alió con el partido político peruano más organizado “Las Fuerzas Armadas”, y es que tras él confluyeron una serie de grupos de poder que encontraron la oportunidad de hacerlos prevalecer.
Los resultados son artos conocidos. Todas las razones que se invocaron para ejecutar el autogolpe son argumentos recurrentes por la mayoría de las dictaduras que el Perú ha vivido. Recurrente también el apoyo popular a dichas medidas. Basta revisar los diarios de la época para percatarse de la regularidad con que, la población apoya y sigue a los caudillos.
Los que piensan que la democracia peruana está consolidada, se equivocan en el análisis. La democracia peruana sigue siendo frágil y sus ciudadanos proclives, en un porcentaje variable a seguir proyectos políticos autoritarios.
Sus líderes, incapaces de darse cuenta de que no basta el crecimiento económico, —ello es muy importante— también es necesario —indispensable, diría yo— que la democracia peruana funcione, que sus instituciones funciones, que hagan las cosas para las que se crearon, que distribuya mejor la riqueza, que genere las oportunidades para que los ciudadanos desarrollen el máximo de sus capacidades.
Los ejemplos, innumerables. Es cierto hay mejoras, procesos de modernización y mecanismos de transparencia y acceso a la información que hace sólo 30 años no se tenían ni se pensaban posibles.
Creo que la falla estructural persiste, y esta tiene que ver con la cultura política de los peruanos. Aún persiste la idea del súbdito frente al amo, La idea y la práctica de la ciudadanía es muy tenue y la idea del Estado como botín sigue latente entre la mayoría de los líderes políticos.
Nuestros analistas políticos ven la foto de la encuesta, y los asesores de imagen reconfortan a los políticos diciéndoles que ahora los desaprueban menos que hace unos meses, lástima que no vayan más allá de los datos del mes.
Es notoria la ausencia de respeto hacia las instituciones, precisamente porque éstas la han perdido con el accionar de sus propios miembros. El daño ya está hecho. La cura no se vislumbra, si sólo los partidos políticos y sus líderes tienen la mirada puesta en la próxima elección y no en la construcción de una democracia viable.