Información, poder y gobierno

Observando este aspecto de la legitimidad referida a la designación o elección de los gobernantes, podemos establecer dos cuestiones funda­mentales. Primero, el arreglo institucional se realiza entre las élites y luego son trasladadas como acuerdos y ajustes en tanto la distribución de poder en una coyuntura política.

Segundo, deberíamos preguntarnos acerca del arreglo institucional y la legitimidad que en nuestro país pre­domina. A simple vista, podríamos afirmar que en la Constitución y en las leyes electorales se establecen aquellos ajustes y acuerdos entre las élites políticas y que expresan los valores políticos de la sociedad peruana; pero, aunque lo anterior es cierto, no nos dice todo respecto de la cuestión, recordemos que nuestros gobernantes en mayor cantidad no han llegado a los cargos mediante el procedimiento descrito, sino mediante golpes de estado; en tal sentido, este procedimiento que es ilegal y un acto de fuerza, produce efectos prácticos que debemos evaluar.

Preguntémonos, ¿Los golpes de estado en el Perú son o no un procedimiento o manera de llegar al poder? La respuesta es que si es un procedimiento —ilegal por cierto— pero que, justamente, produce efectos políticos más allá de lo normado por la ley y en muchas oportunidades han recibido el respaldo de los ciudadanos, pues sus ejecutantes expresaban con esta acción las as­piraciones de la sociedad en ese momento específico y porque la  élite po­lítica no ha sabido respetar sus propias prescripciones pues entre sus miembros se ha promovido y usado la medida de fuerza.

La tercera expresión de legitimidad, que se refiere a los procedi­mientos que se emplean en el ejercicio del poder, puede describirse como algo relativamente moderno, pues se exige que se gobierne de acuerdo a  los valores predominantes de la sociedad, en tal sentido las instituciones políticas manifiestan una serie de atribuciones que involucran demostrar que tales instituciones representan esos valores y se rigen por esos princi­pios, por eso, compartimos la afirmación: “La legitimidad implica la capa­cidad del sistema para engendrar y mantener la creencia de que las insti­tuciones políticas existentes son las apropiadas para la sociedad”. [14]

En tal sentido, las instituciones políticas tienen un rol preponderante en tanto son el resultado de las relaciones de poder en una sociedad, es un modo de ordenar y hacer más racional el conflicto social; no imaginemos que las instituciones tienen vida propia y autónoma, ya que ellas son principal­mente comportamientos estandarizados de los seres humanos para lograr objetivos precisos.

Las instituciones políticas significan orden, jerarquía, organización y poder hecho autoridad. De allí que, ante revoluciones, reformas, golpes de Estado o cambios dentro de un sistema político, las instituciones políticas cambiarán para expresar la nueva realidad social y política, que debe ser legitimada para que perdure en el tiempo.

Finalmente, tenemos la legitimidad por los resultados. Este aspecto nos permitirá deslindar la cuestión entre legitimidad y legalidad, y en se­gundo orden, tendremos más claro que lo que hace o deja de hacer el go­bierno con las demandas sociales es muy importante en cuanto a las ca­pacidades de autorregulación y adaptación.

La legalidad de un acto de gobierno está relacionada específica­mente a lo que se hace de acuerdo a la ley, pero no todos los actos de gobierno se hacen de acuerdo a ley. Friedrich lo expresa con certeza: “En todas aquellas situaciones en donde el gobernante abusa de su poder y viola la ley, la cuestión de su legitimidad se perfila claramente distinta de la cuestión de su legalidad. Puede ocurrir que su acto se halle perfecta­mente legitimado, si se considera de acuerdo, con alguna creencia gene­ralmente compartida”. [15] Desde el punto de vista positivista, legitimidad y legalidad son consustanciales.

Hemos vistos el caso de los golpes de estado, son actos políticos ilegales y por tanto ilegítimo jurídicamente, pues es un procedimiento no contemplado en la norma legal. Sin embargo, como advertimos, los golpes de estado producen consecuencias políticas indudables e introducen una nueva institucionalidad que puede ser respaldada por la sociedad, en este caso, adquiere legitimidad y no—legalidad, pero esa legitimidad es socio­lógica y psicológica, ya que proviene de los ciudadanos y no de la ley po­sitiva.

Un ejemplo muy reciente es el golpe de estado que el Presidente Fujimori realizó en 1992. Indudablemente fue un acto ilegal, pero fue legi­timado por el respaldo ciudadano y sobre esa base se dio una nueva Constitución y un nuevo ordenamiento legal que expresaba ese cambio institucional.

La legitimidad por resultados, es quizás la más evidente y la que en última instancia los ciudadanos valoran más, en tanto se refiere a la efec­tividad en que el gobierno responde a las demandas sociales. En tal sen­tido, a veces resulta más importante para los ciudadanos los resultados que puede presentar un gobierno, que si ha respetado los procedimientos para llegar al poder; y justamente, los ciudadanos y los políticos difieren muchas veces en sus percepciones acerca de la cuestión.

La razón es ele­mental, la gestión del gobierno decide la calidad de vida de la población y los afecta directamente, los aspectos institucionales —muy importantes, por cierto— no son precisamente la especialidad de los ciudadanos, por ser categorías demasiado abstractas y lejanas de su realidad. Por eso en­tienden que más importante que una elección limpia o un gobierno regido por las leyes, es que sea capaz de resolver problemas.

Como advertiremos las personas poseen un conjunto de valores y entre ellos es probable que existan diferencias entre la intensidad de con­seguirlos y respetarlos y por tal razón preferirán unos de otros. Por eso debemos concluir con este apartado, diciendo que todas las expresiones de legitimidad son relevantes, pero en la política práctica puede llegarse a creer que sólo cuentan los resultados, cuando en realidad importan tanto como los procedimientos empleados para llegar a ellos, los principios de legitimidad son un continuo ligado al ejercicio del poder y se los separa sólo con fines analíticos, pues en la realidad están completamente interelacionados y vinculados como explicamos a valores y creencias comunes de una sociedad respecto de la política.

1.4.3 Insumo en la toma de decisiones políticas

La información además de insumo político en el contexto del poder, de la legitimidad y de la interacción de los actores políticos, proporciona el insumo para la toma de decisiones políticas, al ser el gobierno en todas las áreas de su competencia, quien debe decidir las cuestiones referidas a la res publica y elegir cursos de acción entre múltiples alternativas e influen­cias.

Como vemos el sistema político y sus componentes, integran siempre una función de comunicación y expresión en mayor o menor grado, todos los procesos políticos tienen un componente comunicacional, aunque indu­dablemente en diferente magnitud.

En tal sentido, lo que diferencia al gobierno de otras organizaciones es precisamente la capacidad de poseer información sobre la sociedad y sobre sus potenciales rivales; por eso se concentra información demográ­fica, legislativa, económica y social que sirve como insumo para elaborar las políticas públicas y plasmarlas en decisiones y acciones.

Las políticas públicas quizás sea la manera más corriente en que los gobiernos utilizan la información para convertirla en decisiones políticas. Como es evidente, múltiples son las influencias y proposiciones que se ha­cen desde la sociedad civil y dentro de la estructura del gobierno para que se establezcan las prioridades y en ese sentido dirigir las metas y objeti­vos. Incluso en términos de análisis costo—beneficio, los patrones analíti­cos difieren, ya que se busca el máximo de beneficio social en primer tér­mino y económico en segundo lugar.

La información también está presente en el desarrollo de la defensa nacional y las relaciones internacionales.  Es preciso resaltar que desde estos aspectos, tienen un impacto primordial, pues los Estados están re­formulando sus principios estratégicos de defensa, al considerar como un nuevo elemento de análisis a la información, en ese contexto,  se ha pa­sado de la guerra psicológica y la propaganda, integrándose todas las for­mas y sistemas posibles de comunicación pero vinculados a la defensa na­cional, en ese nuevo contexto, se define a la guerra de información como: “una forma de conflicto que ataca directamente los sistemas de informa­ción, como una manera de atacar el conocimiento adversario o sus creen­cias”. [16]

Los Estados nacionales en el contexto de la guerra de información, están construyendo hipótesis de conflictos en la que se incluye la influen­cia sobre los seres humanos y las decisiones que toman, por lo que, el campo de batalla son las mentes de las personas, la importancia que co­bran los medios masivos de comunicación, en este tipo de conflicto se ha visto evidenciado tanto en la guerra del Golfo Pérsico y últimamente en Kosovo, así como en la posibilidad de penetrar en los sistemas informáti­cos públicos y privados y en la lucha política que se manifiesta en el Inter­net.

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