Desde mediados de los ochenta hasta finales de los noventa se ha puesto de manifiesto un movimiento creciente de carácter nacional por la democratización en las Américas, complementado por la descentralización de las decisiones políticas y fiscales en la mayoría de los países de la región.
Esta tendencia ha estado acompañada por un consenso nacional e internacional cada vez mayor con respecto a la necesidad de que las poblaciones afectadas y la sociedad civil en general participen en el proceso de toma de decisiones en todas las fases de las políticas y los proyectos de desarrollo.
En la Cumbre de Santa Cruz sobre Desarrollo Sostenible de 1996, los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe (LAC) emitieron una Declaración prometiendo apoyar y fomentar, como necesidad fundamental para el desarrollo sostenible, la amplia participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones, lo que incluye el diseño, implementación y evaluación de políticas y programas.
En el Plan de Acción de la Cumbre, los jefes de Estado solicitaron a la Organización de Estados Americanos que formulara “una estrategia interamericana para la promoción de la participación pública en la toma de decisiones sobre desarrollo sostenible” (ISP).
En la Cumbre de las Américas de abril de 1998, los gobiernos de LAC instaron al BID a “que desarrolle e implemente mecanismos financieros hemisféricos dedicados especialmente a la implementación de programas orientados hacia el fortalecimiento de la sociedad civil y los mecanismos de participación pública.”
También se comprometieron a desarrollar medidas que “facilitaran la incorporación de todos los habitantes, sin exclusión alguna, en la transformación económica y democrática del hemisferio.”
La ISP define la “Participación Pública” como el proceso mediante el cual el gobierno y la sociedad civil inician un diálogo, establecen alianzas, comparten información e interactúan para diseñar, ejecutar y evaluar políticas, proyectos y programas de desarrollo… que requieren la participación y compromiso de todas las partes interesadas incluyendo, entre otros, a los pobres y a los grupos tradicionalmente marginados, tales como minorías étnicas y raciales desfavorecidas.
En términos operacionales, el proceso de participación pública conlleva etapas progresivas con diferentes funciones y alcance que pueden resumirse en: compartir información, consulta, negociación o colaboración, y delegación. Estas fases forman parte de un proceso ininterrumpido que se define por las diferencias en la medida en que el control y la responsabilidad se distribuyen entre los grupos directamente afectados.
Los datos y las pruebas derivadas de la evaluación de proyectos de desarrollo demuestran que la participación pública no es sólo un ingrediente clave para la calidad y sustentabilidad de los proyectos, sino que también tiene un efecto general sobre la gobernabilidad y el desempeño en el desarrollo, que debe tenerse en cuenta al evaluar sus costos y beneficios. En este contexto, los organismos internacionales de desarrollo han empezado a considerar la participación como un factor clave para lograr la sustentabilidad a largo plazo.
Tipo de documento: Ensayo | Editorial: Banco Interamericano de Desarrollo - BID