El voto preferencial en el país se instauró durante la dictadura militar de Francisco Morales Bermudez para las elecciones a la Asamblea Constituyente de 1978 (ver), desde entonces, se ha mantenido para las elecciones parlamentarias que se realizan en forma simultánea con las presidenciales, cada cinco años.
El voto preferencial es la posibilidad que se le otorga al elector de elegir al o los candidatos de su preferencia dentro de una lista de candidatos. En tal sentido, el elector tiene la opción de cambiar el orden de la lista que presenta el partido político.
El uso del voto preferencial cambia a las personas que representarán a los partidos políticos en el parlamento, pero no cambia la ubicación de éstos en los resultados generales.
Esta capacidad que se le otorga al elector es la que se le quita a los partidos políticos y por ello, sus detractores afirman que el voto preferencial al promover la competencia entre candidatos de una misma lista partidaria, fracciona la unidad de éstas organizaciones.
En contrario, los partidarios del voto preferencial afirman que con él se rompen a las cúpulas partidarias y se genera más democracia.
Los argumentos favorables y desfavorables sobre el voto preferencial son innumerables, y quizás, todos ellos tengan algo de cierto en sus afirmaciones. Claro que tampoco hay que achacarle al voto preferencial todos los males que el sistema parlamentario y electoral tienen.
Por ejemplo, se afirma que eliminar el voto preferencial hará que se acabe con el transfuguismo, que se ganará en gobernabilidad y estabilidad; los más audaces sostienen, que el voto preferencial harán de los partidos instituciones más sólidas.
Todas esas afirmaciones y otros tienen algo en común, no tienen necesariamente evidencia empírica y además, quieren enfrentar los síntomas de la enfermedad y no la enfermedad misma.
El voto preferencial debe eliminarse, de eso no hay duda, lo que debemos tener presente es que éste mecanismo surgió para atenuar la fuerza que las cúpulas partidarias tenían al momento de confeccionar sus listas parlamentarias.
Hay un momento en que se seleccionan a los candidatos de cada circunscripción electoral, sean por elecciones internas o designación directa, quienes controlan ese proceso son los dirigentes de los partidos políticos.
¿Hay transparencia en ese proceso? Para los desmemoriados, hay que recordarles que las denuncias de irregularidades en las elecciones internas son recurrentes cada vez que hay que nominar a los candidatos.
Con o sin voto preferencial, los potenciales candidatos tienen que aportar su cuota al partido político para financiar los gastos de la campaña electoral. Además, si abundan las candidaturas no es por el voto preferencial sino por la cantidad de partidos políticos que existen en nuestro país, 13 si no me equivoco, a pesar de concentrar sólo el 5 por ciento del electorado (ver).
¿Es posible hacer carrera política dentro de un partido político? Creo que es muy difícil, la principal razón, los partidos son organismos cerrados, no han creado mecanismos para que “circulen las élites”, promueven poco la participación de los jóvenes y las mujeres.
En general resultan poco atractivos para atraer a los ciudadanos. Un joven, sin antecedentes familiares dentro de un partido o sin capacidad financiera, tiene muy pocas posibilidades de construir un liderazgo, más aún persiste la mirada de “usar” a los jóvenes para el “trabajo” operativo a cambio de una “promesa” de trabajo.
El transfuguismo no es resultado del voto preferencial, sino como consecuencia de la selección que hacen los partidos políticos de sus candidatos. La estatura académica, ética y profesional de los postulantes, así como el compromiso político pesan menos que una buena billetera; luego ésta, quiere imponer sus designios.
Los candidatos creen que sus votos preferenciales son suyos, cuando en verdad, son votos de los ciudadanos hacia los partidos políticos y luego al candidato.
Y entonces, ¿Dónde está el problema? El problema está en los propios partidos políticos, en sus dirigentes, sus prácticas y costumbres.
Con ley o sin ley se refuerza la informalidad y la proliferación de partidos políticos etiquetas, sólo se afinan como maquinarias electorales que luego hibernan para convivir en el sistema político y ausentarse del sistema social, de la vida cotidiana de las comunidades y de los ciudadanos.