Evidentemente, todo partido político que llega al gobierno tiene el derecho de colocar a sus militantes en los cargos estatales, para de ese modo compatibilizar la orientación de la gestión pública. Los tipos de cargos públicos a que el partido o alianza de partidos gobernantes tiene derecho a controlar no están bien definidos en nuestro país.
Efectivamente, ¿Cuáles y cuantos son los cargos de confianza que tiene a disposición el gobierno? ¿La nueva administración debe crear o retirar de sus puestos a empleados públicos que no son de confianza? Es decir, los mandos intermedios.
Lo que está sucediendo es que la ausencia o debilidad de una burocracia consolidada, mediante normas, prácticas y procedimientos de ingreso, permiten que, bajo pretextos de diversa índole se tome posesión de puestos públicos de menor jerarquía para cubrirlos con militantes del partido ganador. Por ejemplo, se cubren las plazas de confianza (aproximadamente el 10 % de la planilla de los organismos públicos), pero también se toman aquellas plazas que están fuera del Cuadro de Asignación de Personal, Contratos con modalidad y SNP, para desembarcar a los que ocupan esos puestos y colocar en su reemplazo a nuevo personal.
Entonces hay dos líneas de comportamiento recurrente de los grupos políticos que toman control del Estado. Por un lado, se cubren los puestos claves del Estado con militantes y/o allegados de los titulares del pliego, lo que es normal; y por el otro lado, se incorporan a nuevos trabajadores en plazas inorgánicas existentes o se crean nuevas para los militantes y/o recomendados. En este último caso, se trata de hacer permanente su estadía en la administración pública, modificando el Cuadro de Asignación de Personal y cambiando las reglas de ingreso. Y el círculo vicioso continúa de manera sucesiva cada cambio de gobierno. De ese modo la planilla pública va creciendo paulatinamente, y claro eso tiene un costo para los contribuyentes.
Por eso se afirma que el Estado se convierte en el botín a repartir entre los militantes de un partido político. Claro la prensa y los ciudadanos descalifican moralmente este tipo de comportamientos, pero sólo ven la superficie de lo que, realmente sucede al interior de cada entidad pública.
Un ejemplo, en una campaña electoral municipal, ya se había designado al candidato, se estaba confeccionando la lista de regidores, pero los resultados de la encuesta eran desalentadores. Sin embargo, a pesar de ello, el círculo de íntimos que rodean al candidato ya se estaba repartiendo los puestos claves de la Municipalidad a la que postulaban.
Los que ganamos debemos gobernar
Para el partido de gobierno, la presión viene por parte de los miles de militantes que aparecen como por arte de magia, que exigen un cupo en la administración pública, por el hecho de haber colaborado en las elecciones o por tener años de “sacrificada” militancia política, entre otras razones.
Las calificaciones profesionales y éticas parecen no contar al momento de asignarse los cargos estatales, pues la cantidad de escándalos por los nombramientos públicos es recurrente a lo largo de la gestión gubernamental.
Los partidos políticos al ser una de las instituciones menos consolidadas no tienen la capacidad de “filtrar” la oleada de militantes que exigen cargos públicos, por lo que, los titulares de pliego y los diversos directores son los que reciben la presión para la asignación de puestos públicos. En esa situación, la competencia no es sólo entre los militantes, sino que, además, aparecen los allegados, colegas, amigos y familiares que también exigen ser parte de la repartición.
Ese tipo de relación se refuerza cuando los líderes políticos del partido gobernante exigen públicamente que los partidarios deben ocupar puestos públicos. Detrás de ello no se está pidiendo los puestos claves, se está pidiendo colocar a los militantes que apoyaron la campaña bajo la promesa explícita o implícita de un puesto en el Estado. O cuando al interior de la organización política se les pide a los militantes que esperen que ya les llegará su turno.
La cosa se complica más, cuando dentro de los propios partidos, algunos grupos tienen “más llegada” a los que pueden asignar cargos, en comparación de aquellos grupos que no tienen esa opción. Estos últimos regularmente empezarán a reclamar (meter presión) y denunciarán a las camarillas internas que deciden quienes accederán al puesto estatal.
La pugna por alcanzar los cargos públicos y repartirlos entre los allegados se ha convertido en un problema que refuerza la incredulidad de los ciudadanos frente al discurso de los políticos de intentar alcanzar el poder para “servir” a la patria. Se hace evidente, con honrosas excepciones, que la mayor parte de ellos sólo llega al gobierno para servirse y servir a sus amigos.