Unificar los órganos electorales

Paulatinamente se ha ido introduciendo en los países la idea de “especialización” en cuanto al tema electoral. Las causas son varias, pero quizás la principal, ha sido el intento permanente de realizar procesos electorales cada vez más veraces e imparciales, para expresar adecuada y oportunamente la voluntad de los electores en las urnas; y que, lo que éstos manifiestan se vea plasmado en la representación política.

Obviamente el proceso no ha sido lineal ni carente de conflicto y pugna entre quienes defendían una u otra posición, si no más bien ha respondido a la constante demanda por parte de los grupos sociales y ciudadanos en propiciar una de las formas de participación política que se plasma en el voto.

Sobre los entes públicos que se encargan de las elecciones se observa diversas configuraciones a escala institucional, pero lo que sobresale es que en diferente magnitud se han separado de los poderes ejecutivo o legislativo, ganando autonomía e independencia propia el ámbito electoral.[1]

Hasta la Constitución de 1979, el ente electoral por excelencia que se encargaba de los procesos electorales en el Perú, era el Jurado Nacional de Elecciones. Esto cambió con la Constitución en 1993. Ésta creó un sistema electoral compuesto por tres organismos, El Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. [2]

Otro detalle observado es el estatuto constitucional y legal en lo referido la creación de los órganos electorales y a la normatividad que rigen los procesos electorales. En estos aspectos, se esgrime la posición de haber encontrado que, en la mayoría de los países latinoamericanos, en mayor o menor magnitud, se describe al sistema electoral básico, considerando los siguientes elementos:

  • El organismo u organismos que se encargan del tema electoral;
  • Características, procedimientos de nombramiento o remoción de sus miembros,
  • Requisitos y el tiempo en el ejercicio de los cargos, y,
  • Las funciones de cada organismo.

Aunque también se observa en las Constituciones menciones sobre los principios doctrinales que rigen al sufragio, elemento substancial para comprender los valores y la regla de representación que asumen dentro del marco del régimen democrático.

Sobre la legislación que regula los procesos electorales, se ha encontrado dos posibilidades normativas, las leyes constitucionales y las leyes orgánicas. En ambos casos son leyes que exigen una votación cualificada en el Parlamento para lograr cambios en las reglas de Juego político. Y en donde existen salvaguardas específicas, para evitar se hagan cambios luego de haberse convocado a elecciones e incluso el establecimiento de plazos específicos, para que un cambio normativo entre en vigencia.

Estas salvaguardas, intentan impedir que, en el fragor de la lucha política, el o los grupos que tienen el gobierno o el control del parlamento, puedan introducir modificaciones a la legislación electoral en detrimento de los demás grupos políticos.

La confrontación permanente

Como los expresamos líneas arriba, el cambio institucional introducido con la Constitución de 1993, ha generado cada cierto tiempo, el pedido por parte del Jurado Nacional de Elecciones, para la reunificación del sistema electoral tripartito, y recuperar para sí las funciones que hoy realiza la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

El esquema tripartito, separa el ámbito de la justicia electoral, del ámbito de la gestión, organización y logística electoral. Esa separación, permite que, el que administra justicia electoral, no tenga injerencia directa en la gestión del proceso electoral propiamente dicho.

Es decir, el órgano jurisdiccional también asumiría las funciones organizativas que ahora realiza la ONPE. Esta reiterada pugna ha cobrado mayor realce, cuando el Presidente de la República, Alan García Pérez ha manifestado su apoyo a la medida. Lo cierto es que un cambio de tal naturaleza, implica una reforma constitucional, y, por ende, un acuerdo político del parlamento en doble votación calificada, en legislaturas sucesivas. Tal como está la composición del parlamento del período 2006 – 2011, es poco probable que suceda, más aún, cuando existe el riesgo de un eventual referéndum para dirimir la cuestión.

La propuesta del JNE y de su conflicto permanente con la ONPE, tiene que ver mucho con los vacíos que existen en la legislación electoral que se presta a interpretaciones múltiples sobre qué organismo es el responsable de su ejecución, sobre todo, en tiempos en que no hay elecciones. Así, por ejemplo, la función de educación electoral la tenía la ONPE. Luego el JNE logró que se hicieran cambios en la legislación para que sea ésta la encargada de tal función.

Esta tarea la venía realizando con mucho éxito la ONPE, pero el JNE interviene porque la cooperación internacional presta ayuda sobre dicho tema. También se ha dicho que la unificación del sistema electoral traería un ahorro en los procesos electorales, porque no habría necesidad de contratar la cantidad de personal para los tiempos de elecciones, entre otros aspectos. Lo cierto es que, el costo de las elecciones es y será alto, si no se introduce de manera paulatina y definitiva la votación electrónica. Ese sólo cambio, reduciría las tasas de impugnaciones y sus procesos a cargo de los JEE, dependientes del JNE; así como, posibilitaría la obtención de los resultados electorales en menores márgenes de tiempo, entre otros aspectos.

 Referencias

Lo que debe quedar claro es que, más allá de los intereses que puedan tener cada una de las instituciones confortantes del sistema electoral peruano, lo realmente importante no se está discutiendo, cayéndose en lo trivial.

[1] Recordemos que en la Constitución de 1933 se había configurado un cuarto poder, el Electoral y que la reforma del año 1931 creó también al Jurado Nacional de Elecciones, para luego, en 1993 reestructurar al sistema electoral en cuanto a su composición y funciones, en la que se destaca la diferencia substancial entre la Justicia electoral y el diseño, organización y ejecución del proceso electoral.

[2] Artículo 177 de la Constitución Política del Perú de 1993. Ver en: http://www.politikaperu.org/articulos/doc.asp?id=25.

Unificar los órganos electorales
Votar