Repartija: Quebrando la confianza ciudadana

Un audio muestra cómo algunos miembros de las bancadas en el Congreso, sacan cuentas y se distribuyen los cargos pendientes de ser elegidos en el Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y el Banco Central de Reserva. Algunos lo han llamado repartija, otros les pueden llamar negociación, en cualquier caso, lo que queda evidenciado es la fragilidad institucional expresada en el fraccionamiento partidario, en la incapacidad de estos de proponer candidatos idóneos y de tolerar, a costa de conseguir un resultado, que se elijan candidatos altamente cuestionados y de permitir, ingenuamente, que en el TC estén tres magistrados vinculados directamente con el gobierno actual. (Ver)

Ahora bien, ¿Es esa realmente la repartija que cuestiona la opinión pública y los medios de comunicación? ¿Ese fue el único camino que tenía dicha comisión para lograr un acuerdo político?, ¿Ese acuerdo político podía ir incluso en contra de lo que pensaran los miembros de las bancadas congresales?

Seamos claro, nuestro sistema político promueve la proporcionalidad de la representación política, ello se manifiesta en la composición del parlamento, es decir en la cantidad de partidos políticos que acceden a los escaños congresales. Por ello, en el parlamento tenemos más de diez partidos políticos, lo que configuran grupos políticos de minoría.

Por otro lado, para elegir a los miembros de los organismos constitucionalmente autónomos se requiere de una mayoría calificada, 87 de 130 votos. La idea de los constituyentes era construir consensos políticos de las bancadas para nombrar estos cargos. Es decir, buscar y encontrar un candidato que sea aceptable por más de un grupo político, con los votos necesarios para lograr su elección. Aquí aparece un primer problema, ¿Cuantos grupos políticos se requieren juntar para lograr los votos? En el caso particular del proceso que hemos vivido, se juntaron Gana Perú, Perú Posible, Fujimorismo y Alianza por el Gran Cambio (PPC, PPK y otros).

Algunos sostienen que estas dos condiciones institucionales dificultan e incluso impiden que se logren nombramientos, más aún si se elige uno a uno. Por ello, se cambió el procedimiento y se introdujo la posibilidad de elegir por bloque de candidatos. Esta aparente solución, tergiversó la idea de construir consensos por cada uno de los candidatos y propicia lo que ahora se están llamando repartija, aunque no, de manera categórica. La prueba en contrario, la elección de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva.

Dado el resultado, algunos congresistas sostienen que el problema es el procedimiento, por lo que proponen cambiarlo. Indudablemente, la cantidad de votos dificulta los acuerdos, pero no los impide como he argumentado. Los ejemplos están a la vista.

Incluso, el audio siendo cuestionable porque se evidencia un reparto de cargos en función del porcentaje de votos que se tiene en el Congreso, no hubiese causado el impacto negativo en la opinión pública, si los parlamentarios se hubieran puesto de acuerdo en apoyar a candidatos ética y moralmente intachables y profesionalmente idóneos.

El hecho clave es que los políticos, en representación de sus organizaciones han querido maximizar sus ganancias grupales al postular a los candidatos que presentaron, sin considerar otros elementos como el equilibrio de poderes que la democracia necesita, dejando que el gobierno tenga tres magistrados en el Tribunal Constitucional, que el fujimorismo por el hecho de ser la segunda minoría colocara un magistrado que en su ejercicio profesional y congresal ha propugnado la defensa del fujimorismo, y cuya presencia en el Tribunal Constitucional evidencia una contradicción, puesto que el fujimorismo, defenestró a sus miembros cuando eran gobierno, demostraron que son capaces de avasallar cualquier institución que se oponga a sus designios.

Recalco algo más, no solamente han querido maximizar sus ganancias grupales, han evidenciado que, en ese afán, han subestimado a los ciudadanos, a la sociedad civil, han querido imponerse, sin más razón que la sinrazón.

Los mismo están haciendo con las “reformas” que quieren introducir. Creen que sólo se necesita el acuerdo político a nivel del gobierno y el parlamento. Ignorar o ningunear a las organizaciones sociales, laborales y gremiales y atender sólo las demandas de los empresarios no les garantiza la legitimidad en el ejercicio del poder.

La presión social los está haciendo retroceder en su decisión, pero el daño, el descrédito y la confirmación de que en la “política” se privilegia los beneficios grupales y no los intereses nacionales ha quedado plasmado en el colectivo social. El error no se enmienda anulando la elección, al final esto resultará una anécdota, lo grave es que parte de la clase política se ha puesto al descubierto en su forma de actuar. Han mellado gravemente la credibilidad y su legitimidad ante la sociedad.

La representación, ese vínculo tan venido a menos, se diluye con acciones como las sucedidas, no esperen los políticos crédito social a su función si no son capaces de ganar en prestigio, respeto y legitimidad, y no sólo popularidad momentánea con acciones demagógicas de clientelismo tan comunes en nuestra política.

Lo rescatable de todo esto es que la ciudadanía está cada vez más atenta a lo que sucede en nuestro país, que no se conforma con afirmaciones conocidas como prácticas políticas comunes como “que robe aunque haga obra” o “aprovecha que son cinco años y se acaba” o que persistan las prácticas de copamiento de los empleos públicos; y empieza a exigir, sobre todo los jóvenes, que la política también es técnica, gestión, buscar conciliar las demandas e intereses de la sociedad, es actuar con ética y transparencia.

Finalmente, los agentes del gobierno y el presidente de la república salen abochornados de esta situación, por un lado, el presidente del Congreso anuncia su reelección, luego de lograr la elección y por el otro, el presidente de la república intenta apartarse del problema, pidiendo la revisión del tema. O que el gobierno como un todo no coordina, o que cada uno de sus miembros tiene su “agenda” propia. Si esto fuera así, muestra un gobierno débil, en el que priman “agendas propias” y no un “plan” coherente de gestión gubernamental.

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