Octubre 2006: Juez declara improcedente la Acción de Amparo

En contra de lo que esperaba, el juez del 49 Juzgado Civil de Lima, Pablo David Huambachano Navarro, declaró improcedente la Acción de Amparo que interpuse, contra el Congreso de la República, por despido arbitrario.

El juez de la causa, tenía que calificar mi demanda, admitiendo la misma, declarándola inadmisible o improcedente. Para ello, tenía que hacer un análisis de la demanda en sí y de los documentos que se adjuntaban para tomar una decisión.

Los argumentos vertidos por el juez para su decisión, me hacen notar serias deficiencias en cuanto a su capacidad de análisis, en la que se utilizan falacias para su sustento; así como su incapacidad para valorar los hechos descritos, todos ellos sustentados con documentos, lo que, lo hace llegar a conclusiones erradas. Es más, —sin mala fe— hasta me parecer que ni siquiera se había dignado revisar con esmero y diligencia los documentos presentados.

Los argumentos del juez para declarar improcedente la demanda de Amparo son:

  1. Sostiene el juez que al afirmar que se me ha despedido arbitrariamente, “implica un debate sobre la existencia y procedencia de dicho acto arbitral, lo que conlleva a la dilucidación de dichos hechos, cuya materia implica el ofrecimiento y actuación de pruebas…. A efectos de verificar la existencia real del hecho imputado…”
  2. Asimismo, el Juez Huambachano Navarro, afirma que: “El Congreso de la República es una entidad pública, en consecuencia, los despidos de los servidores públicos o del personal que sin tener la condición labora para el sector público, deberán dilucidarse en la vía contenciosa administrativa por ser la idónea, adecuada e igualmente satisfactoria… para resolver las controversias laborales públicas, en armonía con el fundamento veinte y dos de la sentencia 206-2005 PA/TC”. [1]
  3. Y en la parte más substancial de la sentencia reseña la Sentencia del Tribunal Constitucional, N.° 0206-2005-PA/TC, para explica los alcances de la misma, reiterando lo dicho en dicha sentencia respecto del despido arbitrario y en qué vías deben ventilarse éstas, cuando se pide la reposición, en función del régimen laboral del demandante y cómo se aplica en el presente caso.

Los errores del Juez al analizar y pronunciarse sobre la Acción de Amparo

Siendo parte interesada, podría estar “cegado” y creer que tengo la razón, y que, por tal motivo, el juez debe proceder según mi interés. Esto no ocurre, puesto que la situación no amerita apasionamiento, sino análisis certero y racional de los hechos que describo, de los documentos que los sustentan, y de las leyes y normas que se aplican al caso concreto. Respondo a los 3 argumentos del juez.

  1. Para el Juez, Huambachano Navarro, no es suficiente que el mismo Congreso de la República admita que está despidiéndome arbitrariamente, tal como se señala en la Carta Circular que obra en el expediente y que se supone que él ha leído, y cómo mi abogado ha reiterado en la demanda de Amparo. No, el Juez quiere actuar pruebas. Tengan presente esta afirmación.
  2. Este argumento demuestra la cualidad profesional del Juez Huambachano Navarro, pues lo que él sostiene es absolutamente falso y carente de coherencia. Para ello, nuevamente, bastaba que leyera la carta circular de despido, en la que se menciona explícitamente que en aplicación del D.S. 003-97-TR, T.U.O. de la Ley de Productividad y competitividad Laboral, Decreto Legislativo 728, se me iba a indemnizar “por la conclusión anticipada de su contrato.”
  3. Cualquier estudiante de pregrado que lleva el curso de Derecho Laboral, sabe que el Decreto Legislativo 728 se refiere al régimen de la actividad privada, y que, en el caso concreto del Congreso, el personal se encuentra bajo ese régimen legal. Ese hecho, lo podía corroborar también en la misma demanda de Amparo, donde en los fundamentos de hecho se señala claramente que: “sujeto al régimen laboral de la actividad privada del Decreto Legislativo N” 728”.

Si el Juez entiende la Sentencia del Tribunal Constitucional N.° 0206-2005-PA/TC, en los que se establecen los precedentes vinculantes referidos a la materia laboral, sabe con certeza que ante un despido arbitrario y en función al régimen laboral las demandas de reposición se procesan en la vía Contenciosa Administrativa o por la Acción de Amparo.

Por tal razón, el juez no puede aludir desconocimiento, él sabe que hay un principio que dice: “La ley se presume conocida por todos”, entonces él, en su doble condición de abogado y juez no tiene el derecho de argumentar que no conoce las leyes aplicables y los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Claro que los conoce, por eso los menciona y conociéndolos, aplica erróneamente la ley, perjudicándome gravemente.

 La apelación no es un consuelo

En la OCMA fui con el tema y me dijeron: “Es criterio de conciencia”, dije ¿Qué?, el criterio de conciencia del juez se usa para violar la ley. ¡Increíble!, pero así están las cosas en el Poder Judicial.

Por ahora, queda apelar, a la espera que el superior revoque la resolución. ¿Cuanto tiempo demorará el trámite?  Sólo Dios sabe, ya veremos que sucede más adelante en este proceso.

[1] En efecto, si en virtud de la legislación laboral pública (Decreto Legislativo N.º 276, Ley N.º 24041 y regímenes especiales de servidores públicos sujetos a la carrera administrativa) y del proceso contencioso administrativo es posible la reposición, entonces las consecuencias que se deriven de los despidos de los servidores públicos o del personal que sin tener tal condición labora para el sector público (Ley N.º 24041), deberán dilucidarse en la vía contenciosa administrativa por ser la idónea, adecuada e igualmente satisfactoria, en relación al proceso de amparo, para resolver las controversias laborales públicas.

Octubre 2006: Juez declara improcedente la Acción de Amparo
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