Nuestro acceso a la ley es restringido

Sostengo que el acceso a la ley es restringido para la mayoría de los ciudadanos, como voy a intentar demostrar a continuación.

El Estado tiene el monopolio de la creación de las normas. Eso está claro y los ciudadanos tenemos el derecho de acceder a ellas de manera oportuna, veraz y sobretodo GRATIS.

Por razones de trabajo entiendo que hay proveedores privados y públicos de las normas legales que se generan en nuestro país. De los privados poco que decir, porque ellos ofrecen un servicio a cambio de una contraprestación de un bien que es público (la ley).

Que el Estado, haga la mismo y que sustente su actividad en el cumplimiento de la ley, ahí si creo que hay un problema. El  Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ es un servicio que provee el Ministerio de Justicia hace varios años. A través de este sistema los ciudadanos podemos acceder a las normas legales básicas, entiéndase Constitución Política, Códigos, algunas leyes orgánicas y reglamentos de organizaciones y funciones, una que otra ley y nada más.

Si un ciudadano común y corriente quiere acceder a las demás leyes, jurisprudencia, normas de gobiernos regionales y locales, Textos Únicos de Procedimientos Administrativos entonces el Estado, a través del Ministerio de Justicia, en “cumplimiento a su función de sistematizar y difundir la legislación, expresada en la Ley Orgánica del Sector Justicia (Decreto Ley N° 25993, Artículo 6° inciso h)” nos exige una suscripción ANUAL que representa el 28.32% de la Unidad Impositiva Tributaria UIT, que en sencillo significa que debemos pagar S/. 1,033.68 nuevos soles para “tener derecho” de acceder a TODAS las normas legales del Perú. Claro, concordadas y actualizadas es decir, que podemos conocer si una norma fue modificada, derogada total o parcialmente, entre otras exquisiteces legales.

Lo que no me queda claro es cómo quieren cumplir con su misión de “Empoderar a los ciudadanos para el mejor ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes” y acercarse a su visión de “Que los operadores del derecho y la ciudadanía en general estén en condiciones de acceder en todo momento a la información legal vigente en la materia de su interés”, si su sistema por el hecho de ser un servicio por suscripción está restringido a quienes pueden pagarlo.

¿Los ciudadanos debemos pagar por este servicio? Creo que la respuesta es NO. Aclaro algo, en general pienso que si se presta un servicio se debe pagar por ello, eso es absolutamente válido para la esfera privada. En la esfera del Estado, provee algunos servicios sin costo directo para los ciudadanos porque estos se pagan vía los impuestos.

También existe el denominado Archivo Digital de la Legislación en el Perú (ver) administrado por el Congreso de la República. Y claro, siendo el parlamento la institución que da las leyes es obvio que debe tener un registro de las mismas. Este sistema es gratuito, está publicado en la Internet y cumple con su función.

PERO tiene un “defecto” grave, las leyes ahí publicadas no están concordadas ni actualizadas. Es decir, si un ciudadano que no es abogado y busca una ley, encontrará la ley, pero no sabrá por esa interacción con el sistema si está vigente, si está derogada o no. En resumen la utilidad práctica del Archivo Digital es poca y el riesgo de invocar una norma no vigente es alto si este sistema no tiene esas funcionalidades.

Cada ente público debería estar obligado a publicar las normas que produce, además de mantenerlas “concordadas y actualizas” y sobre todo a disposición libre de todos, repito libre de todos los ciudadanos, sea a través de medios electrónicos así como a través de centro de documentación. El Estado debería articular un sistema de información por Internet que permita el acceso de los ciudadanos a todas las normas que se producen cada año.

En tiempos de inclusión social, es evidente que el acceso irrestricto a la ley es una tarea que el Estado no ha cumplido, sino, por el contrario se ha encargado de restringir.

Nuestro acceso a la ley es restringido
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