Negacionismo para enfrentar la subversión

La propuesta de ley presentada por el Poder Ejecutivo para sancionar con cárcel efectiva a quienes públicamente aprueben, justifiquen, nieguen o minimicen los delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas ,  previstos por el artículo 2 del Decreto Ley 25475, no es violatoria de la libertad de expresión. Por el contrario, protegen a la sociedad y a la conciencia histórica de la nación contra quienes usaron la violencia para intentar tomar el poder.

Lo más importante, como se refiere a la esfera pública de quienes se manifiestan aún en contra de sentencias firmes del Poder Judicial que sancionaron a quienes cometieron delitos de terrorismo, entonces estos individuos podrán seguir pensando en su esfera interna y compartir en privado con sus allegados lo que piensan sobre el terrorismo. Es decir, en vez de hacer reuniones públicas para inocular sus doctrinas y tergiversar los hechos históricos, harán reuniones en privado, mediante contacto cara a cara y entonces, se pasarán por encima de la ley que se quiere imponer.

Ahora,  con el paso del tiempo, esta ley podría ser ampliada, para sancionar a todos aquellos que públicamente aprueben, justifiquen, nieguen o minimicen los delitos cometidos por cualquier delincuente con sentencia firme.

Entonces, los familiares que se nieguen a creer que su pariente sentenciado es culpable y afirmen que es inocente, deberán ser detenidos y juzgados por esta propuesta de ley tan particular. Ah, pero, este delito tendrá su agravante si se persigue a los políticos opuestos al régimen. Cualquier régimen, claro. Entonces,  como a un ex presidente o a un ex ministro lo sentenciaron por delitos comunes, sus partidarios que no “creen en la justicia”, proclamarán su inocencia en silencio. No podrán expresar sus pareceres en la esfera pública, se quedarán callados pues su libertad estará en peligro.

Imaginemos que un periodista logra una entrevista con un miembro de un grupo terrorista y este afirma que no está cometiendo delitos. Entonces, el periodista podría ser denunciado como “cómplice” del delito de negacionismo.

Pero no miremos al futuro, sino apliquemos la ley en el pasado. Hitler, Mao, Mussolini, entre otros tuvieron en nuestro país seguidores que escribían en diarios de circulación nacional y que hoy son decanos de la prensa. Intelectuales de familias de renombre apoyaron abiertamente los actos del nazismo y del fascismo. Con esta ley, si estuviera vigente, esa gente hubiera estado presa.

Quiero hacer notar que sí existe un problema, una lucha político – ideológica que está librando la subversión. Para ello se ha infiltrado en sectores clave como la educación pública. El Estado quiere dar respuesta a este problema con un proyecto de ley que pone en riesgo libertades básicas de un estado de derecho, porque “existe el peligro” de involucrar a personas que no siendo subversivos, pueden ser involucrados en este tipo de delitos.

Si el Estado quiere enfrentar el problema de la infiltración hay niveles de intervención que deberían explorarse. Por ejemplo, medidas legales y administrativas que impidan o limiten el acceso de organizaciones políticas con ideologías que promuevan o hayan promovido la violencia armada como camino para tomar el poder. Lanzar campañas de comunicación social que muestre lo que sucedió en nuestro país cuando la subversión accionaba abiertamente. Mostrar la superioridad ética y moral de la democracia y de los gobernantes sobre otras formas de gobierno. Lo más importante, promover y visibilizar el desarrollo económico en la mayoría de los ciudadanos. Es decir, no sólo promover el crecimiento económico, sino, sobre todo, promover el desarrollo de las potencialidades de cada uno de los individuos con el sólo límite de sus propias aptitudes.

Negacionismo para enfrentar la subversión
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