Mejorar la calidad de los abogados

El Colegio de Abogados de Lima está proponiendo una norma que regule la enseñanza del Derecho en el país. El diagnóstico es dramático, 94 mil abogados, 84 mil estudiantes y 80 facultades de derecho, los cuales no tienen un criterio uniforme en cuanto a contenidos académicos ni la infraestructura básica que les permita ejercer adecuadamente su profesión, por lo que se sostiene que: “no queda garantizado por la  actual formación universitaria recibida”. Asimismo, se afirma que una de las causas de las fallas del sistema judicial, están en “la pauperización de la enseñanza y la masificación de la profesión de abogado”.

Por ello el proyecto de ley propone una serie de cambios normativos que apuntan a suspender la autorización del funcionamiento de nuevas facultades de derecho, así como establecer un sistema de acreditación para las facultades existentes, para lo cual se implementará un sistema de indicadores y estándares que deben cumplir estas entidades educativas para continuar formando abogados.

También se propone la suspensión de los sistemas de educación a distancia que brindan formación en derecho y la adecuación de las existentes a los mismos procedimientos de acreditación que se propone en el proyecto de ley.

Se propone suspender la titulación automática (bachillerato automático) y los cursos de actualización profesional para la obtención del título de abogado, y se propone sustituirlo por la presentación de una tesis para el caso del bachillerato y de un examen de suficiencia profesional y las prácticas pre-profesionales de un año para la obtención del titulo de abogado. (Ver Ante proyecto)

 Comentario

Esta propuesta trae al debate 3 cuestiones fundamentales que es bueno comentar. Primero, la acreditación en las especialidades es un mecanismo idóneo para mejorar la calidad de la formación profesional y por ende la calidad de los graduandos. En tal sentido, esta propuesta que ya se tiene en algunas especialidades (medicina) debería extenderse a todas las especialidades.

Segundo, que el sistema judicial está en crisis permanente es indudable, pero pocos han reparado que una de las causas también tiene que ver con el recurso humano (jueces y fiscales, especialistas legales). Por experiencia propia, puedo afirmar —posteriormente reseñaré— que la “ignorancia legal” de los jueces de primera instancia, contribuye a que los procesos legales se dilaten y que las instancias judiciales superiores anulen sentencias por interpretaciones alejadas del marco normativo vigente. Estos actos involucran una gran pérdida de tiempo para los litigantes y por extensión un descrédito de los ciudadanos involucrados frente al sistema judicial peruano.

Tercero, el Colegio de Abogados de Lima como gremio profesional tiene iniciativa legislativa tal como lo indica el artículo 107 de la Constitución. Sin embargo, se ha preferido oportunamente convocar a la ciudadanía para que con su firma respalde esta iniciativa legislativa, y sea a través de los mecanismos de la ley de participación ciudadana que el Congreso vea este proyecto de ley.

Esta medida es importante, porque se intenta la sociedad en general debe asumir la responsabilidad de enfrentar este problema que los afecta directa o indirectamente. Más aún, cuando recordamos que muchos ex —congresistas ahora son dueños o socios de las universidades o son docentes de las mismas, por lo que, un proyecto de estas características, afectarían muchos intereses, tanto es así que una iniciativa legal presentada en 1999, se quedó en la orden del día fue a parar al archivo. Desde ese año hasta ahora, la situación ha desmejorado, por ello, en vital la participación de la sociedad civil. (Ver)

Se necesita recolectar el 0.3% del padrón de electores, (55,000 firmas) para que el Parlamento vea el tema y emita un dictamen y sea visto en el Pleno. De no aprobarse, entonces quedaría listo el camino para un referéndum.

En los juzgados se han instalado paneles donde se recogen las firmas, hay que apoyar la iniciativa.

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