Más requisitos para ser congresista

Como ustedes saben, cada vez que aparece un problema con el ejercicio de la función congresal en nuestro país, surgen diversas propuestas para “solucionar” el problema de la “crisis de representación”; entre todos, la que siempre destaca en la prensa es el incrementar los requisitos para ser candidato a congresista en la Constitución y en la legislación electoral.

Con el escándalo del bono de representación y su posterior desactivación, volvió a aparecer la propuesta para que los requisitos para ser congresista se aumenten, en especial los vinculados a la formación profesional y académica. Esta vez, como en otras ocasiones, un congresista volvió a proponer el tema, para lo cual ya ha presentado un proyecto de ley sobre la materia.

La propuesta tiene mucho sentido, si la analizamos a primera vista, candidatos más capacitados, podrían darnos “mejores congresistas” y por lo tanto un mejor Congreso. Por otro lado, si vemos las opiniones de los ciudadanos en las encuestas sobre el tema, ratificaremos nuestra apreciación, ya que un grueso sector ciudadano, los medios y algunos académicos plantean la misma “solución”. Es más, como se argumenta en las redes sociales, con “mejores congresistas” no veríamos los casos que han servido para estigmatizar a los congresistas en general por el comportamiento privado de algunos de ellos.

Por otro lado, están los que conceptualmente o por principio, no están de acuerdo con poner mayores requisitos para ser candidatos a cargos públicos. Unos utilizan argumentos históricos; estos conocen de las arduas discusiones que se planteaban en el siglo XIX y mediados del XX, cuando se debatía, por un lado, si los analfabetos y los que no poseían propiedad podían elegir y ser elegidos.  Demás está decir, que, en esa discusión, el voto femenino o su elección a cargos públicos no estaba en la cabeza de estos intelectuales.

Con el advenimiento de las olas democratizadoras y la conquista de diversos derechos políticos y sociales, hay un conjunto de personas que no están de acuerdo con poner más requisitos a los candidatos, pues ello, sería introducir, poco a poco, limitaciones al ejercicio de los derechos políticos de personas, hombres y mujeres que no cumplan con exigencias adicionales (profesión, maestría, doctorado) a tener su condición de ciudadanos con sus derechos constitucionales expeditos y la edad que, según la ley da la opción para ser candidato.

En este escenario, es bueno discutir el tema, pero introduciendo “datos” que nos confirmen que el camino propuesto (la solución) es el adecuado para resolver el problema.

La verdad, aparecen muchos problemas, todos ellos vinculados al ejercicio del cargo congresal. Por un lado, comportamientos individuales en la esfera ética, moral e incluso legal de algunos representantes. Por otro lado, la consabida “lejanía entre el representante y el representado” y por el otro, las decisiones que a veces se toman, que contradice lo que un sector importante de la opinión pública cree, o simplemente, decisiones que parecen o ciertamente benefician a los parlamentarios cuando se compara con los beneficios que tienen otros sectores como la educación, salud, policía, entre otros.

Podríamos resumir diciendo que el problema es la falta de empatía entre los representantes y los representados. Que, como un enamoramiento, este empieza bien al ser elegidos en un proceso electoral construido sobre la base de promesas posibles y casi siempre imposibles de cumplir, y el paulatino y rápido rompimiento emocional entre estos, ante la evidencia del incumplimiento y el olvido. Es decir, la distancia emocional y territorial influyen en esta disrupción.

Para solucionar este o los problemas someramente descritos, ¿Es suficiente elevar los requisitos? podríamos responder que no, otros dirían que sí. Pero, y qué nos dicen los datos, la evidencia empírica, es decir, ¿cuál es la composición del actual cuerpo representativo, respecto de su formación profesional?  Según la información consignada por los mismos congresistas, encontramos lo siguiente:

72.31 por ciento de congresistas tiene nivel superior universitario, 11.54% tiene educación superior no universitaria; 14.6% tiene educación básica regular y 1.54% no consigna datos. Es decir, 109 de 130 congresistas tienen una profesión, sea universitaria o técnica, casi 84% de los casos.  Ahora si observamos a los 8 congresistas que fueron sancionados (No se consideró a Martha Chávez pues su acto fue político) por actos éticamente cuestionables y aquellos que fueron presos o desaforados del parlamento, 4 tienen educación superior, 2 tienen educación técnica (80%) y el 20% educación secundaria.

Resumiendo, los congresistas en su gran mayoría, 84% son profesionales, de ese grupo aquellos que se involucraron en problemas que merecieron la suspensión, el desafuero y el arresto por delito, también ostentan algún de formación profesional.

Entonces, respondemos la pregunta. El título profesional de los parlamentarios no es garantía, ni certeza de que sean “mejores congresistas”, dado que, la formación académica, no implica, necesariamente la formación y el comportamiento ético y moral para el cargo representativo. Por tanto, la “solución” propuesta no es realmente la solución al problema que se quiere resolver. Es decir, mal diagnóstico, mala solución.

Los filtros necesarios

Primero, debemos convenir en que los problemas sociales no tienen soluciones absolutas, ni menos se puede acabar con ellos de manera definitiva, lo que se debe buscar es reducir el impacto de estos. En el caso que nos ocupa, el problema se atenuaría con los filtros institucionales que en la actualidad no operan adecuadamente. Estos filtros institucionales se encuentran en: Los partidos políticos, el sistema judicial, el Jurado Nacional de Elecciones y el Congreso de la República.

En todos los casos, los potenciales candidatos no son sometidos adecuada y oportunamente evaluaciones y revisiones de sus antecedentes judiciales, sociales, políticos y económicos que reduzcan la posibilidad de que lleguen a ocupar cargos públicos personas sin trayectoria en la cosa pública, es decir, candidatos sin trayectoria político-partidaria, sin experiencia en diferentes niveles de gobierno; además, sin verificarse adecuadamente los antecedentes judiciales y sus relaciones con los poderes fácticos de la sociedad.

Unos de los inconvenientes en la implementación de los filtros estatales, es la dificultad del Jurado Nacional de Elecciones para alertar a tiempo los casos que logra detectar. El plazo para verificar es muy corto, respecto de la fecha de realización de las elecciones.

Una vez detectados y denunciados los casos ante la fiscalía, el sistema judicial es poco proactivo para realizar su trabajo y se choca en algunos casos con el parlamento, cuando se involucran a congresistas que han sido denunciados por haber consignado datos falsos en sus respectivas declaraciones juradas.

No solo se requieren reformas legales, se requieren sobre todo que las instituciones funcionen y como lo he comentado en otros casos, estas funcionan con la presión externa. En tal sentido, la presión de la sociedad civil es muy importante, para insistir, discutir y hacer evidente el problema que nos afecta a todos, puesto que la credibilidad institucional es cuestionada permanentemente.

Nivel de educación de los congresistas peruanos

Educacióncongresistas%
Educación Básica Regular1914.62
Educación Superior9472.31
Educación Superior no universitaria15
11.54
No consigna21.54
Total130100.00
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