La inmunidad parlamentaria y su proceso

La inmunidad parlamentaria consiste en aquella protección de carácter procesal, que tienen los representantes cuando se les intenta seguir un proceso penal, por su probable responsabilidad en la comisión de un delito. La idea es garantizar la libertad del representante, evitando que bajo el pretexto de acusación de delito se halle un móvil político. Está previsto en el artículo 93º de la Constitución, se configura en dos variables:

La inmunidad de arresto, que impide que los congresistas puedan ser apresados y la inmunidad de proceso, que impide que los congresistas puedan ser sometidos a juicio por delito sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el que son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente a más tardar dentro de las veinticuatro horas, a fin que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. El Procedimiento para levantar la inmunidad parlamentaria para los 15 casos pendientes de atender hasta el 23 de octubre del presente año grosso modo es el siguiente:

  1. La Corte Suprema solicita al Congreso de la República que se levante la inmunidad a un congresista por delitos comunes.
  2. En el Congreso, una Comisión Calificadora que evalúa la solicitud, cita al congresista aludido y tiene un plazo de 30 días naturales para emitir dictamen.
  3. Se convoca a Sesión Extraordinaria del Pleno, a los 5 días de emitido el dictamen de la Comisión para debatirlo y escuchar al congresista aludido, quien tiene derecho a usar 60 minutos en su defensa.
  4. El Pleno del Congreso vota el levantamiento de la inmunidad, luego de 3 días de la Sesión en la que se debatió y escuchó la defensa.
  5. Para el levantamiento de la inmunidad se requiere el voto de la mitad más uno del número legal de congresistas.

Este es el procedimiento aplicado para el caso del congresista Gonzáles y otros. Para el caso del congresista Torres Ccalla, el procedimiento de levantamiento de Inmunidad, luego de la solicitud de la Corte Suprema, será distinto, pues mediante Resolución Legislativa del Congreso Nº 011-2004-CR, con la finalidad de simplificarlo y precisar sus alcances. Con esta Resolución se crea la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, compuesta por cinco miembros, elegida por el Pleno del Congreso con el voto de la mitad más uno de su número legal. Dicha Comisión tiene plazos de cuatro días, para pronunciarse, “sin referirse al fondo del asunto”, “evalúa los actuados y determina que solo exista motivación de carácter legal y no de índole política, racial, religiosa o de otra naturaleza discriminatoria”.

El Congreso de la República respetando el debido proceso está cumpliendo con su rol fiscalizador ante los pedidos que formula y formule la Corte Suprema sobre presuntos delitos que cometan los congresistas, pues la institución parlamentaria está por encima de sus miembros. No invade ni invadirá prerrogativas que le compete al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia.

En tanto el proceso de levantamiento de inmunidad se desarrolla, el Congreso aplicando el Código de Ética Parlamentaria que se refiere a las faltas cometidas por cuestiones éticas vinculadas al ejercicio del cargo parlamentario, ha procedido a sancionar a los congresistas Gonzáles y Torres Ccalla. En el último caso, 120 días de suspensión es la máxima sanción que establece el artículo 95º de la Constitución Política. Los delitos comunes que comentan los representantes los ve el Ministerio Público y, a través de la Corte Suprema, le pide al Congreso que levante la inmunidad parlamentaria.

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