Julio 2006: Me despiden del Congreso

De manera unilateral y arbitraria la Mesa Directiva del Congreso de la República, que presidía Mercedes Cabanillas[1], decidió despedir a un primer grupo de trabajadores del Servicio Parlamentario, entre los cuales yo me encontraba.

Digo arbitraria, por tres razones: 1. La carta de despido indicaba que la decisión la había tomado la Mesa Directiva; 2. En ella, se hacía expreso reconocimiento de la naturaleza arbitraria del despido, al referir lo dispuesto por el artículo 76° del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral[2]; y 3. Se me despedía sin indicar razón vinculada a mis funciones asignadas. Asimismo, se me agradecía por los servicios prestados a la institución.

Mi reacción

Lo primero que hice fue trazar una estrategia de acción en dos frentes paralelos. Por un lado, una revisión legal de mi situación con el Congreso, y por el otro, buscar que la decisión fuera revocada por los miembros de la Mesa Directiva.

Con la experiencia de haber trabajado en la administración pública, había tenido el cuidado de guardar copia de todos los documentos que involucraban mi relación laboral con el Parlamento, como, por ejemplo:

  • Memorandos con los cuales se solicitaba mi contratación, boletas de pago, boletas de salida y vacaciones, cartas de presentación, cuadros de asignación de funciones, resoluciones de encargo de puesto, Oficios de reconocimiento, entre otros.
  • Copias de los contratos que firmaba con el Congreso cada dos a tres meses, los cuales obtuve del Ministerio de Trabajo.

Paralelamente, empecé a estudiar la legislación vigente y las sentencias del Tribunal Constitucional vinculadas al tema, para formarme una idea de las consecuencias legales de la decisión tomada por la Mesa Directiva.

También, presenté sendos documentos de reconsideración los miembros de la Mesa Directiva, en los que pedía revoquen su decisión. Las mismas que nunca fueron respondidas. Conocida esa reacción, comprendí que la situación iba acarrear una lucha legal.

Del análisis que realizo sobre tema —sin ser abogado— me doy cuenta que estaba frente a un despido arbitrario y a una desnaturalización de contratos que venía firmando con el Congreso; asimismo, encuentro una Sentencia del Tribunal Constitucional que establece que, ante el despido arbitrario el trabajador tiene dos opciones: La indemnización o la reposición, y que, esa elección es a criterio del trabajador despedido.[3]

Con dicha información, era claro que la Mesa Directiva con la asesoría de la Dirección de Recursos Humanos del Congreso, estaba cometiendo un acto ilegal y violatorio de mis derechos constitucionales. Es más, el Congreso, unilateralmente estaba decidiendo por mí, que ante la situación del despido incausado o arbitrario, me correspondía una indemnización; cuando esa decisión de aceptarla o reclamar la reposición me correspondía a mi.

Por ello contacté con un estudio de abogados, quienes luego de revisar la documentación y escuchar mi versión de los hechos, me presentan una propuesta legal que implicaba presentar una Demanda de Amparo contra el Parlamento peruano. Era y es una lucha desigual, por ese mismo hecho, había que enfrentar la situación, pues la decisión tomada por la Mesa Directiva contra mi persona, violaba la Constitución y las leyes.

La demanda de Amparo

El 26 de septiembre de 2006, presento la Acción de Amparo contra el Congreso de la República por violación de los derechos fundamentales al trabajo y a la protección adecuada contra el despido arbitrario reconocidos por los Artículos 22°, 24° y 27 de la Constitución Política de 1993.

Mi petitorio de cuatro puntos, solicita, básicamente, la declaración de nulidad de la carta que me remitió la Dirección de Recursos Humanos del Congreso de la República; la reposición plena e incondicional a mi puesto de trabajo; entre otros.

Evidentemente, todos los hechos descritos en la demanda están documentados y sustentados fehacientemente, así como el régimen legal que regula la relación laboral entre el Parlamento y mi persona, por lo que, se esperaba con racional certeza que el juez admita la demanda.

Notas

[1] También lo conformaban los congresistas: José Vega Antonio, Fabiola Morales Castillo y Luisa María Cuculiza.

[2] “Si el empleador vencido el periodo de prueba resolviera arbitrariamente el contrato, deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a una remuneración y media ordinaria mensual por cada mes dejado de laborar hasta el vencimiento del contrato, con el límite de doce (12) remuneraciones.”

[3] “En efecto, si tal como hemos señalado, el contenido del derecho constitucional a una protección adecuada contra el despido arbitrario supone la indemnización o la reposición según corresponda, a elección del trabajador, entonces, en caso de que en la vía judicial ordinaria no sea posible obtener la reposición o la restitución del derecho vulnerado, el amparo será la vía idónea para obtener la protección adecuada de los trabajadores del régimen laboral privado, incluida la reposición cuando el despido se funde en los supuestos mencionados.” http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00206-2005-AA.html

 

Julio 2006: Me despiden del Congreso
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