Indulto para militares y policías

Según el artículo 118 de la Constitución, el presidente de la República tiene la facultad de conceder indulto a los sentenciados, así como otorgar el derecho de gracia a los procesados que en la etapa de instrucción se haya excedido el doble del plazo previsto, más su ampliatoria.

Es decir, hay dos casos, los sentenciados que están cumpliendo condena pueden ser indultados. Para ello hay una comisión en el Ministerio de Justicia que se encarga de evaluar los pedidos y de recomendar al Poder Ejecutivo los indultos correspondientes. El segundo caso, es para los que están procesados, los que aún no han tenido sentencia, y su proceso penal está en la etapa de instrucción.

Las razones para indultar u otorgar el derecho de gracia son humanitarias, por salud o enfermedad por citar algunos casos. Asimismo, se han creado comisiones ad hoc para evaluar casos de sentenciados que reclamaban su inocencia y que por las situaciones de excepción que vivió el Perú lograron ser indultados. Caso concreto, personas que habiendo sido sentenciados por terrorismo lograron su liberación, luego de someter sus casos a evaluación.

El contexto para crear esta última comisión de indultos, se debió a que se habían instituido los jueces sin rostro en donde los civiles —acusados por terrorismo— eran juzgados y sentenciados por el fuero militar, mecanismo legal que surgió bajo el argumento que la subversión amenazaba a los jueces, por ello, la necesidad de proteger su identidad, por lo que, los juzgadores no podían ser identificados; así como, porque el terrorismo fue calificado como delito de traición a la patria.

Los juicios y sentencias que se realizaron con ese mecanismo fueron anulados por la Corte Interamericano de Derechos Humanos, y exigieron al Estado peruano que vuelva a juzgar a los implicados, respetando el debido proceso y el fuero legal correspondiente.

Ahora bien, la congresista Mercedes Cabanillas está proponiendo crear una comisión de indultos y de derecho de gracia que vea el caso de los militares y policías que han sido sentenciados por los delitos cometidos en “el marco de la lucha por la paz” con pruebas insuficientes, que permitan presumir la ausencia de responsabilidad en el delito cometido.

El referido proyecto, (Ver) establece excepciones respecto a delitos sobre derechos humanos como tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzosa. Aunque el proyecto, no precisa qué delitos estarían dentro de los alcances de dicha ley.

El argumento central del proyecto es que se ha creado una comisión de indulto para los casos de civiles involucrados en delitos de terrorismo y que lo mismo no se ha previsto para los militares y policías que hubieran cometido delitos en dichas circunstancias.

Precisiones

Primero, hay una comisión permanente que ve los casos de indulto y derecho de gracias, ¿cuál es la razón para crear una que sólo vea los casos de militares y policías. Segundo, “el marco de la lucha por la paz” es una argumentación que no establece temporalidad, no dice, qué rango de años abarcará.

Si bien, indica qué delitos están excluidos, no indica expresamente, los delitos que sí lo están. Un sentenciado, por ejemplo, por violación, ¿entraría en los alcances de la norma que se propone?

El argumento central tiene dos fallas argumentales. Por un lado, la comisión que se creó para los casos de indultos a los procesados y sentenciados por terrorismo, se hizo porque el Estado Peruano fue cuestionado al haberlos juzgado SIN EL DEBIDO PROCESO, con jueces sin rostro y en juzgados militares para civiles, etc. Cosa que en el caso de los militares y policías no ha sucedido. En esos casos, tanto el Poder Judicial como la justicia militar, han realizado esos procesos legales, RESPETANDO EL DEBIDO PROCESO.

Entonces, no es valido argumentar que no habido igualdad ante la ley entre los sentenciados civiles y los militares. Más bien, se estaría ampliando el marco de la impunidad, si es que se aprueba una norma que revisa procesos judiciales, —lentos, y engorrosos, por cierto— y permite que se establezca frente a la justicia y la ley, más diferencias entre civiles y militares.

El problema de la lentitud de los procesos judiciales es responsabilidad del Estado, su reforma está pendiente, y allí se debe apuntar el tema, no en crear más inseguridad jurídica y una sensación de impunidad en la sociedad peruana.

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