El problema le explota al Congreso

Que la aprobación del Congreso está asociada a la conducta personal de sus miembros ha sido demostrado en muchas ocasiones. Quizás los únicos que no creen en eso sean los propios congresistas que en su mayoría no tienen problemas personales y que creerían que los problemas de sus colegas no les alcanzarán en su relación con sus electores.

Si bien esto último puede ser cierto, si afecta de manera decisiva la imagen que tienen los ciudadanos sobre el Congreso como institución y del conjunto de congresistas. La reciente encuesta de Ipsos Apoyo (ver) se publica en un contexto muy particular para el parlamento. Una nueva representación congresal se estaba instalando y la expectativa de la opinión pública en sentido positivo se manifestó en las encuestas posteriores al Pleno Descentralizado de Ica y las 43 audiencias públicas que se realizaron en sus distritos. Entre septiembre y octubre la aprobación del Congreso subió de 34 a 40%, en otras encuestas se bordeaba el 45%.

Entonces, empezó a surgir entre los representantes la convicción que “esa nueva forma de relacionarse” con la ciudadanía estaba rindiendo sus frutos y que ese era el camino ha seguir por la institución congresal.

Con datos de la aprobación congresal al inicio del mandato presidencial del año 2006 se observa que la curva empieza ascendente en 34% de aprobación (ver) y luego va descendiendo paulatinamente. Las razones, casi siempre el accionar individual de ciertos congresistas.

Esta tendencia, se está volviendo a manifestar en el actual período congresal. Según Ipsos Apoyo, la aprobación del Congreso bajó 16%, pasando de 40% a 24% de aprobación en tan solo dos meses. En ese tiempo ¿Qué ha sucedido? La prensa empezó a destapar los problemas legales de algunos congresistas e IDL reporteros presentó una denuncia sobre una posible conducta ilegal del congresista oficialista Omar Chehade. En resumen, comportamientos individuales que afectan a la institución congresal.

Esta situación es tan recurrente en los últimos años, que el 82% de los encuestados afirma que es un hecho generalizado similar a los Congresos anteriores y contrario a lo que sostengo, (ver) los electores se auto-inculpan de estos resultados en un 67% de los casos. Según mi punto de vista, el problema está en los partidos políticos pues ellos son los que proponen a los candidatos y en la falta de capacidad fiscalizadora del Jurado Nacional de Elecciones.

Algo que sí está cambiando es la forma como el Congreso actual está actuando frente las acusaciones que tienen sus miembros. Aunque aquí hay dos procedimientos paralelos que muchos ciudadanos no conocemos, es claro que la suspensión de 120 días para esos casos puede resultar poco “castigo” cuando el 81% de los encuestados cree que los congresistas en falta deben ser destituidos. Lo cierto es que no se los puede destituir de manera inmediata y que, nos guste o no, hay un procedimiento que debe respetarse.

Debe quedar claro que la sanción que emite el Congreso es de orden ético y el la comisión que lleva el mismo nombre que puede sancionar hasta por un máximo de 120 de suspensión de las funciones congresales. El Congreso no sanciona penalmente a los congresistas, lo que hace es seguir un procedimiento para que el Poder Judicial se encargue de investigar y sancionar de ser el caso, pero esto último lleva más tiempo.

Esa velocidad en el procedimiento juega en contra de la institución congresal, puesto que se presta a interpretaciones y desconfianzas respecto de las acciones que llevan adelante sus pares.

El problema le explota al Congreso
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