El financiamiento de las campañas electorales

El tema del financiamiento de las campañas electorales cobra importancia cada vez que se avecina un proceso electoral. Al respecto surgen corrientes de opinión que proponen regular por ley éste asunto; otros que se encargan de denunciar el manejo arbitrario de los fondos públicos por parte del gobierno de turno y otros sobre los proveedores privados de recursos a candidatos y organizaciones políticas.

La tarea es complicada, ya que es necesario encontrar la formula que permita garantizar procesos electorales transparentes, en que no haya dinero sucio de por medio, y al mismo tiempo respetar el derecho de los ciudadanos de participar en política, mediante donaciones a los distintos candidatos y organizaciones en disputa.

Los gastos de una campaña electoral

Participar en una elección y ser protagonista de ella, es onerosa. Ya no se puede hacer una campaña electoral con sólo el entusiasmo de un grupo de personas. Aquellos que se deciden por una aventura electoral deben tener claro que alcanzar los objetivos electorales implicará un costo que debe ser compartido por otros ciudadanos que permita enfrentar un proceso electoral con éxito.

En este contexto, es claro que se necesita dinero para financiar las campañas electorales. Obtenerlo es el primer problema que debe enfrentar la organización política, para ello existen innumerables opciones, que van desde las cotizaciones voluntarios u obligatorias de militantes y simpatizantes, hasta la obtención de dineros de dudoso origen. Regularmente, son hombres con capacidad económica o de otra índole, con algún interés de por medio, sea material o ideal, los que proporcionan los recursos; estas personas conocidos como mecenas son los que llevan sobre sus hombros el costo de la aventura electoral.

Una campaña electoral implica invertir recursos en cuatro (4) áreas específicas: el estudio y evaluación de la situación política, la organización partidaria, la publicidad y propaganda; y la defensa del voto. Lo más costoso definitivamente es la publicidad y la propaganda partidaria, más aún si se la quiere insertar mediante la televisión. Por ello, la cuestión del financiamiento se ha convertido en un tema público de discusión, por lo gravitante que es en un proceso electoral.

Es evidente que, quienes más dinero tengan tendrán potencialmente más posibilidades de difundir su mensaje, aunque lo inverso no necesariamente es cierto. Por ello, en vista que se avecinan varios procesos electorales, se hace necesario discutir este tema y llegar a posibles conclusiones que posibiliten el consenso de políticos y opinión pública sobre este tema.

Uso de los recursos públicos

Acusaciones sobre el uso de los recursos públicos por parte del gobierno de turno en una campaña electoral, siempre han existido y persistirá en el tiempo. El asunto radica en regular este primer asunto para evitar que se exprese una distorsión en el juego político al aprovechar de los recursos del Estado a favor de una candidatura.

Debemos entender que el uso de los recursos públicos, implica usar la infraestructura y el recurso humano del Estado para promover una candidatura y no necesariamente el uso o la asignación de dinero.

Las interrogantes son: ¿cómo evitar que el gobierno de turno use los recursos públicos en una campaña electoral? ¿Puede el gobierno en el caso de un referéndum defender sus puntos de vista con los recursos públicos? ¿Cómo se garantizará que no se usen los recursos públicos?

En general, debemos apuntar que a pesar de la expresa prohibición vigente referida al tema en el caso del Presidente de la República, es muy difícil solucionar el asunto. Una aproximación al tema sería imponer drásticas sanciones económicas y penales a los funcionarios y servidores públicos que, abusando de su cargo, hacen proselitismo y/o colaboren con determinados candidatos; y en el caso del Presidente, Ministros, Congresista, Alcaldes y regidores, imponer restricciones constitucionales que los inhabilite políticamente de ser encontrados responsables de dichos actos.

Un asunto que también tiene importancia, se refiera a que si el gobierno debe usar los recursos públicos para defender sus puntos de vista en un referéndum. Al respecto, debemos considerar que, a pesar de tener un gobierno proveniente de una organización política, cuando se llega a la administración del Estado, ya no se representa a los partidarios sino a toda la república, en tal sentido, sería pertinente que sea el partido de gobierno y no el gobierno quien en un referéndum deban defender sus puntos de vista.

La diferencia radica, en que la función del gobierno en ese contexto es promover la participación de los ciudadanos emitiendo su voto favorable o adverso, y no usando los recursos públicos en la defensa de los puntos de vista del gobierno. Mientras que el partido de gobierno y los miembros del gobierno, en tal condición podrán opinar y defender sus puntos de vista, pero no sería política del gobierno la defensa de un punto de vista.

Ello hubiera evitado que el gobierno emitiera avisos en radio y televisión, así como programas televisivos difundiendo sus puntos de vista, usando los recursos del Estado en el caso del referéndum constitucional de 1993; y evitaría en el futuro que cualquiera sea el gobierno no pueda hacer uso de los recursos.

Hay que tener en cuenta que la reelección como argumento para hacer uso de los recursos públicos en campañas electorales no tiene sustento, en tanto tengamos en cuenta que el partido de gobierno puede no solo apoyar al Presidente en ejercicio, sino también al candidato presidencial del partido, la alianza electoral y en casos extremos directa o indirectamente a organizaciones políticas opositoras.

Un aspecto importante que merece un análisis mayor, se refiere a la decisión del gobierno de turno, de iniciar políticas públicas que generen gasto estatal con el propósito de inducir a la economía a crecer y por ende generar una sensación de crecimiento económico que favorezca la relación gobierno – electores. Dicha acción se observa en distintas realidades políticas y quizás sea moralmente censurable, pero es poco lo que se puede hacer en términos normativos, salvo la posibilidad de dar a conocer dicha situación a los electores, por parte de los grupos opositores.

El financiamiento privado

Es conocido que a título personal o en nombre de empresas u organizaciones se hacen donaciones a agrupaciones políticas e incluso a candidatos específicos. Todos recordamos que en una entrevista un conocido empresario (Dionisio Romero) afirmó que había financiado la campaña del entonces Presidente Alan García, y que había contribuido con financiar a otros candidatos presidenciales y a algunos candidatos al Congreso.

Al respecto surgen las siguientes interrogantes. ¿Las empresas sean nacionales o extranjeras deben hacerlo? ¿Los ciudadanos pueden hacer donaciones a todas las organizaciones? ¿Debe ser de conocimiento público las donaciones de empresas y ciudadanos? ¿Las donaciones deben hacerse a la organización o al/los candidatos? ¿El Estado debe regular este asunto? ¿Cuál es el límite que debe permitirse?

Es importante tomar en consideración, que como la donación influirá en el desarrollo del proceso electoral, y que, en tal sentido, dicho asunto compromete a todos los peruanos, por lo que debería tomarse acuerdos políticos, que permita normar el financiamiento privado de campañas electorales.

El aspecto de la transparencia en el caso de las donaciones privadas es decisivo y vital para la democracia peruana. Sería un absurdo que se intente prohibir las donaciones que se hacen a partidos y candidatos, lo más sensato es establecer algunos límites y requisitos mínimos que permitan a los ciudadanos saber de antemano las reglas de juego en este asunto.

Por ello, sería conveniente que se haga pública y abierta a la opinión pública las donaciones que se hagan a las organizaciones políticas y candidatos, así como también limitar dicho financiamiento a sólo una organización política y evitar la diversificación que puede prestarse a una interpretación moral y política censurable, en tanto implica la opción del donador de financiar campañas en porcentajes variables, según algún criterio de evaluación y a la vez quedar bien con todos los participantes en una justa electoral, que a todas luces es oportunista. La importancia de estos dos puntos iniciales, le darán sin duda mayor transparencia al proceso político en general.

En cuanto a la discusión de permitir a las empresas y organizaciones sean nacionales o extranjeras financiar campañas electorales, así como a los ciudadanos extranjeros; parece que la cosa es clara. Una elección es un proceso en que participan ciudadanos de un determinado Estado, y no empresas de la misma nacionalidad o extranjeras, tampoco participan los extranjeros en las elecciones nacionales; por lo que, no debiera permitirse que las empresas en general financien campañas electorales. Y en el caso de ciudadanos extranjeros, podrían hacerlo sólo en el caso de elecciones municipales, con las excepciones que señala la ley, en el caso de su participación en dichos procesos.

Se podrá argumentar que en la actualidad y siempre las empresas o los directivos de las empresas apoyan candidatos, quizá sea cierto, pero ello implica una forma de intromisión que no debe permitirse en tanto empresas. Porque las empresas cualquiera sea su modalidad asociativa, están conformadas por ciudadanos, y en esta dimensión es que participan en las elecciones y no como entes económicos.

Ahora bien, en el caso de las donaciones sucede que se hacen no a las organizaciones sino a los candidatos específicos. En este caso debería establecerse una precisión, en vista que nuestro sistemas electoral permite que los candidatos al Congreso de una misma lista pueden competir entre ellos mediante el voto preferencial; mientras que los candidatos a Presidente y Alcaldes los hacen con otras listas, es que podría establecerse que en el caso de candidatos a Presidentes y Alcaldes deba hacerse la donación a la organización política que representa, indicando que se hace para la formula presidencial o lista a la alcaldía; así mismo debería permitirse hacer donaciones para la lista al Congreso. Adicionalmente podría permitirse hacer donaciones específicas a los candidatos al Congreso, en forma directa, siempre que se cumpla con hacer el financiamiento a una misma agrupación política y no diversificar las donaciones, como parece estar sucediendo en la actualidad.

Conclusiones

Debería formularse un marco legislativo con amplio consenso político y ciudadano que regule la financiación privada y el uso de los recursos públicos en las campañas electorales, que contenga los siguientes aspectos:

  1. Uso de los recursos del Estado:
  •  Sanción penal y económica para funcionarios y servidores que usan recursos públicos a favor de campaña electoral.
  • Sanción a escala constitucional que inhabilite políticamente al Presidente, Congresista, Ministro, Alcalde y Regidor.
  1.  Financiamiento privado:
  •  Donación pública y abierta al conocimiento de la opinión pública.
  • Permitir donaciones de los ciudadanos.
  • Permitir la donación de extranjeros en el caso de elecciones municipales,
  • No permitir la donación de empresas, sindicatos, gremios, federaciones, colegios profesionales nacionales o extranjeras.
  • Donación a la organización política en caso de formula presidencial, lista a alcaldía y lista al Congreso de una de las listas en disputa y no a todas o algunas.
  • Donación a candidatos al Congreso de una misma organización política.
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