Diciembre de 2008: Le gané el juicio al Congreso

 

Después de dos años y cuatro meses, y de haber pasado por dos apelaciones por la incapacidad profesional de jueces ineptos, se emite sentencia en primera instancia —por segunda vez— sobre la acción de amparo contra el Congreso de la República por despido arbitrario.

Así es, mientras la mayoría de las personas se preparaban para celebrar la navidad del año 2008, la jueza del 49 juzgado civil de Lima, María Elizabeth Rabanal Cacho tenía que volver a dictar sentencia por orden del octavo juzgado, cuyos miembros habían anulado la primera sentencia que denominé de infame. Ver detalles.

La sentencia declara fundada la demanda de amparo, anula y deja sin efecto legal alguno la Carta Circular Nª 016-2006-DRH-CR mediante la cual el Director de Recursos Humanos, Miguel García Foy, me informa que la Mesa Directiva 2006 – 2007 que presidía Mercedes Cabanillas Bustamante había dispuesto el despido de un grupo de trabajadores de la institución.

Cómo les comente, la Octava Sala, sobre la base de los documentos que presenté, confirma mi afirmación en la que sostengo que mi vínculo laboral se inicia el 01 de abril de 2001, por ello, la jueza no tuvo más remedio que reconocer ese hecho, dice: “Que en principio debe precisarse que el demandante ha acreditado en autos que prestó servicios para la entidad demandada desde el día uno de agosto de dos mil uno hasta el treinta y uno de julio de dos mil seis…”, lo más importante para mi interés, hace mención expresa de dichos documentos y por ello afirma: “se determina que el recurrente ha prestado servicios para la emplazada en calidad de trabajador permanente… por lo que, además se establece que el actor “superó largamente el período de prueba de tres meses, en consecuencia , el derecho a la estabilidad laboral en su puesto de trabajo” por encontrarse comprendido en el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, normatividad aplicada también por la entidad emplazada.

También afirmé que el vínculo laboral se había desnaturalizado pues bien, la jueza Rabanal Cacho tuvo que admitir ese hecho, indica al respecto: “la entidad emplazada en el acto de contestar la demanda ha adjuntado los contratos de trabajo a plazo fijo renovados sucesivamente a partir de uno de febrero de 2002 y hasta el 31 de agosto de 2008… lo cierto es que ha plenamente acreditada la naturaleza permanente y ordinaria de las actividades realizadas, así como los cargos ocupados por el demandante durante la vigencia de la relación laboral; y, por el propio contenido de los contratos que no se precisan de manera expresa las causas objetivas y determinantes de la contratación del actor”.

Amigo lector, si prestó atención a lo anterior, recordará que mi relación laboral se inicio el 01.08.2001 pero el Congreso sólo puede acreditar contratos modales a partir del 01.02.2002, es decir seis meses después de estar trabajando me veo en la obligación de firmar esos contratos.

Es evidente que no bastaba que se me comunicara la decisión tomada por la Mesa Directiva de despedirme sin indicar la razón, puesto que ese hecho ponía en evidencia la naturaleza arbitraria de la acción que vulneraba mi derecho al trabajo previsto en el artículo 27 de la Constitución Política del Perú.

Los responsables de la arbitrariedad

Todo este embrollo se armó a partir de un error de la oficina de Administración de Personal, quienes a su vez le proveyeron información errónea al Director de Recursos Humanos, quien a su vez informó a la Mesa Directiva.

Ahora bien, producido el error, presenté sendos documentos a cada uno de los miembros de la Mesa Directiva y al Director de Recursos Humanos pidiendo revoquen su ilegal decisión. Nunca me respondieron.

El Parlamento apeló

El procurador ha apelado la sentencia, por lo mismo, está pasará a revisión de la Octava Sala Civil de Lima. En dicha ocasión nos volveremos a ver las caras frente a los magistrados. Si como sostengo, la ley está de mi parte, ésta debe ratificar la sentencia que declaró fundada mi demanda de Amparo.

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