De la promulgación de las leyes

El proceso de generación de las leyes es un procedimiento que no sólo incumbe al Congreso, sino también al Poder Ejecutivo; debido a que en el desarrollo se prevé la participación de este último como requisito formal para completar el proceso. En este sentido, cabe recordar que el procedimiento legislativo se compone de por lo menos las siguientes etapas. a) iniciativa legislativa; b) estudio de comisiones; c) debate y aprobación en el Pleno; y d) promulgación.

Un proyecto de ley aprobado por el Congreso todavía no es considerado ley, se la considera “autógrafa de ley”; debido a que le faltan los requisitos fundamentales de la promulgación y publicación. Estos requisitos a cumplirse
competen en primera instancia al Presidente de la República y eventualmente al Presidente del Congreso. Esta es una consideración observada en la Constitución Política en el artículo 108º, que dice:

Artículo 108°. La ley aprobada según lo previsto por la Constitución, se envía al Presidente de la República para su promulgación dentro de un plazo de quince días. En caso de no promulgación por el Presidente de la República, la promulga el Presidente del Congreso, o el de la Comisión Permanente, según corresponda /…./”.

Así, la promulgación resulta ser el acto formal de mandar publicar y cumplir la autógrafa de ley. Corresponde al Presidente de la República hacerlo, quien tiene quince días para promulgarlo. Sin embargo, puede ocurrir no solamente que el Presidente lo promulgue, sino también:

  1. O que el Presidente observe la ley, en cuyo caso se abre un procedimiento en el cual el Congreso debe volver a votar la ley.
  2. O simplemente el Presidente no la promulga, en cuyo caso, debe hacerlo el presidente del Congreso o el de la Comisión Permanente según corresponda.

Se contempla el derecho de OBSERVACIÓN DEL PRESIDENTE sobre las normas aprobadas por el Congreso, que tiene por finalidad entre otras cosas: mejorar la calidad técnica de la legislación, no promulgar una norma que vaya contra el criterio del Poder Ejecutivo sobre la materia o vaya contra el plan de gobierno que aplica.

Esta atribución es una suerte de “veto relativo” que tiene consecuencias fundamentales para el Congreso en la medida que detiene el proceso deliberativo y la expresión colegiada de los representantes de la institución encargada originariamente de la producción de las normas en su fase terminal.

Así lo indica la Constitución Política del Perú en el segundo párrafo del artículo 118º, que dice:

/…/ Si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en el Congreso, las presenta a éste en el mencionado término de quince días. Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente la promulga con el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso”

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